(Foto: Archivo El Comercio)
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Editorial El Comercio

“Si nos salimos de los hechos, en política, nos perdemos sin retorno”. Esta frase del siglo XIX, atribuida al diplomático y escritor francés François-René de Chateaubriand, bien podría utilizarse hoy para describir la cadena de reacciones desatada por el Caso . Y es que, en su afán incontenible por normar sobre todo aquello que pueda ganarles algunos minutos frente a los reflectores, varios políticos y autoridades locales parecen haber dejado de lado la reflexión pausada sobre hechos concretos para perderse en una maraña de respuestas demagógicas y efectistas.

Como advertimos hace unos días en esta página, todo comenzó con la drástica decisión del  de paralizar las ventas de Pura Vida Nutrimax en todo el país, a la que le siguieron sendos reclamos de congresistas que exigían que se le retire a este producto el registro sanitario, así como advertencias desde el Ejecutivo indicando que se revisarían todos los registros sanitarios de los productos lácteos y que se evaluaba denunciar penalmente a los funcionarios y ex funcionarios relacionados con el caso. Todo ello, pese a que los cuestionamientos hechos contra Pura Vida no tenían que ver con que represente algún riesgo para la salud, sino con que la denominación utilizada en su etiqueta no correspondería con su contenido (algo que, de comprobarse, no ameritaría mucho más que una sanción puntual).

El último jueves, no obstante, el Congreso finalmente llevó esta retórica demagógica al campo de lo legal. Con un total de 80 votos a favor (de 92 legisladores presentes), fue aprobado en el pleno el texto sustitutorio de la ley “que promueve el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantiza el origen del producto lácteo”. Una norma que, bajo el argumento de promover la competitividad y el desarrollo de la industria láctea, prohíbe el uso de leche en polvo entera, leche en polvo descremada y suero de leche como insumos para elaborar productos derivados, como leche entera líquida, leche evaporada, quesos o mantequillas.

El problema con esta medida es que, lejos de atacar a la situación que dio origen al apuro en su aprobación –el pleno revisó el texto el mismo día en que llegó desde la Comisión Agraria y luego se le exoneró de segunda votación–, solo crea nuevas distorsiones.

Primero, porque no existe una razón de fondo válida para prohibir la utilización de esos insumos en la elaboración de productos lácteos derivados. Como explicamos líneas arriba, la posibilidad de que estos representen algún riesgo para la salud –algo que sí ameritaría su exclusión del mercado– no solo no se ha demostrado, sino que ni siquiera se especula. La nueva regla, además, iría incluso más allá de lo que exigen los estándares de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que sí permiten la utilización de leche en polvo o de “productos obtenidos de la leche” para la elaboración de derivados como leche evaporada o mantequilla.

Y segundo, porque lo que sí crea esta norma son nuevas barreras que inevitablemente conducirán al encarecimiento de la leche (y de sus sustitutos). Si bien según el viceministro de Políticas Agrarias, Pablo Quijandría, no hay riesgo de que ello ocurra porque “el mercado se acomoda ante la demanda y los hábitos de consumo que tiene la gente”, actualmente el total de la producción nacional de leche es 30% menor a lo que exige la demanda. Es decir, se produce localmente menos leche de la que se consume y, entre otras cosas, es precisamente para cubrir ese déficit que hasta ahora se han venido importando insumos como leche en polvo. Cerrada esa puerta, el viceministro tiene razón cuando dice que “el mercado se acomodará”, pero justamente lo hará elevando los precios hasta que los productores lecheros justifiquen sus nuevos gastos.

Así, una vez más, nuestros legisladores han reaccionado ante un escándalo mediático de la peor forma posible. En lugar de estudiar el problema a fondo para luego plantear soluciones viables, nos han dado leche y circo