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Editorial: Legislar con trampa

Un grupo de congresistas ha aprobado, desvergonzadamente, una ley que podría beneficiar a sus líderes en sus investigaciones penales.

Editorial

Congreso

Esperemos que el presidente Martín Vizcarra observe la autógrafa de la norma. (Foto: El Comercio)

Anoche, el Congreso de la República aprobó la ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de los partidos políticos en el Código Penal. En realidad, lo que se votó –al caballazo y de forma prepotente– no fue un documento alcanzado tras horas de debate entre las fuerzas políticas presentes en el hemiciclo, sino un texto sustitutorio, ingresado de contrabando por Fuerza Popular (FP) minutos antes de que termine la sesión, y exonerado del trámite de la segunda votación. En otras palabras, mediante una votación que fue, no solamente exprés, sino también deshonesta con los congresistas a quienes la aparición del nuevo dictamen cogió por sorpresa.

A decir verdad, a pesar de que el mentado texto no se debatió –pues la mayoría congresal no tuvo ni siquiera la mínima dosis de decoro para someterlo a deliberación– la celeridad con la que se aprobó, así como la manera burda en la que infiltraron el proyecto, es elocuente de las intenciones de los legisladores que respaldaron la iniciativa.

Cabe aclarar, dicho sea de paso, que la polémica por la ley que busca penalizar el financiamiento ilegal de los partidos no es nueva. De hecho, hace dos semanas, desde este Diario manifestamos nuestra preocupación por el dictamen que había preparado la Comisión de Justicia del Congreso y al que instituciones como el Ministerio de Justicia miraban con inquietud por las penas que proponía (menores a las vigentes) y por el impacto que podría tener, si llegaba a aprobarse, en las investigaciones abiertas por el Caso Lava Jato. En aquella ocasión, vale aclarar, los cuestionamientos que provocó la difusión del documento motivaron que muchos legisladores decidieran retirar su firma del proyecto, enviándolo de vuelta a comisión.

Pues bien, ahora una versión reeditada y mucho más nociva acaba de ser aprobada gracias a los votos mayoritarios de tres bancadas: FP, la Célula Parlamentaria Aprista y Peruanos por el Kambio. Es decir, precisamente aquellos grupos cuyos líderes (Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente) se encuentran en un trance legal complicado por las fundadas sospechas de que habrían recibido dinero de fuente ilícita de Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

Así, si los congresistas se quejan de que un sector numeroso de la ciudadanía los acusa de reproducir comportamientos mafiosos o de actuar como organizaciones que buscan empujar sus intereses de forma inescrupulosa, pues ayer han demostrado que esos críticos no están tan alejados de la realidad. Toda vez que este no es el primer episodio en el que los legisladores utilizan sus facultades para beneficiar a sus líderes. Basta recordar la desfachatez con la que, hace casi dos meses, el Parlamento aprobó –en menos de 48 horas– una ley confeccionada a la medida para evitar que el ex presidente Alberto Fujimori vuelva a prisión (como el Poder Judicial había ordenado).

Y ya centrándonos en la norma en cuestión, esta tendría efectos directos en las sanciones que podrían terminar recibiendo los investigados por el Caso Lava Jato, pues plantea penas máximas de hasta 15 años, en los casos en los que el monto recibido sea mayor a los S/2 millones 75 mil, (cuando la sanción por lavado de activos –el tipo penal bajo el que se están llevando a cabo las pesquisas– llega a los 20 años). Y, gracias a la figura de la retroactividad benigna, los abogados de los políticos en la mira del Ministerio Público podrían solicitar válidamente que se les aplique el castigo menos drástico.

En el peor de los casos, empero, la norma podría terminar mandando al archivo las investigaciones en marcha, pues de promulgarse, los imputados podrían ser procesados bajo la figura del financiamiento ilícito –que, además, indica expresamente que la procedencia de la sanción depende de que los implicados ‘sepan’ o ‘presuman razonablemente’ el origen sucio de los fondos– y ya no bajo los tipos penales de lavado de activos u organización criminal. Y como este delito se crearía posteriormente a la comisión de los hechos materia de indagación, los aludidos podrían argumentar que no podrían ser juzgados por este.

En pocas palabras, lo que ha hecho anoche el Congreso es legislar con trampa. Esperemos que el presidente Martín Vizcarra observe la autógrafa de la norma y, además, aproveche para explicarles a todos los ciudadanos los alcances reales de la misma.

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