Editorial: La ley y el desorden

La historia parece repetida. “Primero fue Conga, luego Tía María y ahora Las Bambas”, dice un sector de la población, no sin algunos visos de razón. Si bien hay circunstancias que hacen a cada conflicto un proceso único, detrás de todos está la prepotencia de ciudadanos que fuerzan su posición ante iniciativas de inversión legítimas que deben ser defendidas en cualquier Estado de derecho.

Así, el nudo argumental que vincula los recientes hechos de Apurímac con los anteriores de Cajamarca o Arequipa es el uso injustificado de la violencia por parte de las comunidades. Ni la supuesta falta de comunicación con la población ni los cambios de diseño en el proyecto aprobados por las autoridades respectivas pueden convertirse en motivos para atentar contra la salud y el patrimonio de otros al amparo de la muchedumbre anónima. La normalidad con la que se asumen muertes suscitadas a raíz de estos conflictos es intolerable y resalta de la manera más cruda la fragilidad institucional del incipiente Estado de derecho en el país.

La violencia nunca es un método que se pueda aceptar en democracia y quienes la ejerzan o la promuevan deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Luego de las lamentables consecuencias y del nivel de agresividad y vandalismo demostrado por varios vecinos de la zona, resulta inconcebible que existan solo dos personas detenidas.

Por otro lado, más allá de los hechos de violencia, también es importante destacar que hubo ciertas limitaciones de comunicación que pudieron haberse evitado. Como se sabe, el diseño inicial del proyecto Las Bambas contemplaba que el mineral fuese trasladado a través de un mineroducto hacia Espinar, donde se construirían dos plantas, una para tratar molibdeno y otra de filtrados. Esta decisión fue tomada entonces debido a que el anterior propietario del proyecto minero –la empresa Xstrata– tenía participación tanto en la mina Tintaya, en Espinar, como en Las Bambas, en Apurímac.

Sin embargo, cuando el proyecto cambió de accionista principal, se decidió prescindir del mineroducto hacia Espinar y construir las dos plantas en la misma concesión de Las Bambas. Ello, por un lado, ocasionaría que el mineral ya no sea trasladado de la mina hacia las plantas a través de un ducto de varios kilómetros, sino con camiones, y, por otro, excluiría a las comunidades anteriormente afectadas por el ducto de la zona de influencia del proyecto. 

Para poder hacer este cambio, el año 2013 se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) originalmente aprobado el 2011. Según señalaron la propia empresa y los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cambio de la ubicación de las plantas no tenía impactos significativos sobre el medio ambiente de la zona y, por lo tanto, no demandaba la elaboración de un nuevo EIA.

En este aspecto es crucial reconocer que, al margen de las exigencias legales, todos los esfuerzos que se puedan hacer para comunicar de la mejor manera los alcances del proyecto son importantes. Desde que Xstrata adquirió los derechos de exploración en el 2004, los administradores del proyecto han mantenido una relación fluida y responsable con las autoridades y las comunidades. No obstante, si bien el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que permitió la reubicación de las plantas fue expuesto, según manda la ley, a las autoridades locales y provinciales correspondientes, se pudo ir más allá en la provisión de información a la población. Esta limitación, sin embargo, no justifica de manera alguna los crímenes y abusos cometidos por los manifestantes. Las discrepancias y dudas sobre los proyectos de inversión en marcha se tratan a través de canales de diálogo institucionales –canales que, dicho sea de paso, estaban vigentes y en buenas condiciones en momentos previos a la protesta–, no a través de la intimidación y la violencia.

En diversos sentidos, Las Bambas ha sido un proyecto serio y responsable con su zona de influencia. Ha cuidado sus relaciones con las poblaciones aledañas por varios años y, a pesar de no estar exento de errores, ha tenido más aciertos que desaciertos. Usar la fuerza para imponerse sobre un proyecto legítimo y que se ha desarrollado de acuerdo con las reglas es un abuso de quienes creen estar por encima de la ley. Para que esa parte del guion no vuelva a reciclarse, es responsabilidad del Estado demostrarles que están equivocados.