Editorial: La ley me obligó

Como ya hemos comentado anteriormente en este Diario, la noticia de la denuncia penal del Ministerio de Defensa contra un grupo de periodistas del programa “Panorama” por la difusión de un reportaje que destapaba cuestionables gastos y pagos a colaboradores fantasmas (con presupuesto destinado a labores de inteligencia en el Vraem) es bastante preocupante, pues reflejaría un ánimo de secretismo y visos de represalia contra el medio periodístico que reveló hechos que no debieron ser muy cómodos para el ministerio.

Como se recuerda, el sustento de la denuncia del ministerio por el presunto delito de revelación de secretos es bastante pobre, empezando por el simple hecho de que hasta la fecha no se ha identificado con precisión o sustento razonable cuál sería el secreto revelado que pudiera haber afectado los intereses de la República. Más aun si se tiene en cuenta que los nombres de los supuestos colaboradores que aparecían en un documento de las Fuerzas Armadas –algo de por sí bastante irregular, pues normalmente se usan códigos para no exponer sus identidades, conforme lo reconoció el propio ex jefe del Comando Especial Vraem general EP César Astudillo Salcedo– y que aparecieron en el reportaje fueron únicamente los de aquellos que por decisión propia y frente a cámaras rechazaron tener tal condición y haber percibido monto alguno. ¿Acaso puede ser penado mostrar algo que es voluntariamente revelado? Y más importante aún, ¿merece la calificación de “secreto” un hecho posiblemente falso y delictivo como el aparente dispendio del presupuesto estatal? 

Pero si la denuncia era por sí misma agobiante, las declaraciones posteriores del ministro de Defensa, Jakke Valakivi, podrían serlo aun más. En una entrevista publicada en este Diario, el titular del sector Defensa manifestó que “él era el principal interesado” en los hechos que reveló el reportaje de “Panorama” y que estaba “totalmente de acuerdo con la labor que hace el periodismo de investigación en denunciar estos hechos irregulares”. Entonces, no se explica por qué buscaría reprimir precisamente a quienes permitieron detectar tales irregularidades. 

Más desconcertante aun es la constatación de que el ministro denunció a los periodistas por supuestamente revelar la identidad –falsa según el reportaje de “Panorama”– de los colaboradores de inteligencia, a pesar de reconocer que en realidad “no sabemos si son o no son colaboradores”. Y si a esa incertidumbre le sumamos su reflexión en el sentido de que “si lo hubiese pensado mejor, hubiese concluido en lo mismo”, nos queda la lamentable conclusión de que el ministro no sabe si está bien lo que ha hecho, pero lo volvería a hacer. Una inclinación al riesgo quizá valiosa en un juego de naipes, pero poco tranquilizadora cuando se está a la cabeza de un ministerio y se decide denunciar penalmente a otra persona. 

En cualquier caso, más allá de estas contradicciones, existe otro infeliz argumento que intenta justificar la acción penal del ministerio: la idea de que habiendo [los periodistas] cometido un delito, estaban obligados a denunciarlo. 

“Yo tengo que actuar de acuerdo con el marco legal”, afirmó el ministro Valakivi al mismo tiempo que soslayó la importante arista de ese marco en la que se requiere que la información que califique como secreta o reservada sea expresamente declarada como tal. En efecto, cuando desde este Diario preguntamos al ministerio por la resolución que disponía dicha condición confidencial, nos respondieron, en un exceso o de simplismo o de omnipotencia, que la información sí era secreta y que no había necesidad de un pronunciamiento que lo declarara. Bajo esa interpretación, sin embargo, cualquier funcionario podría ocultar información incómoda, ponerle un sello, y el resto de ciudadanos tendríamos que conformarnos sin poder siquiera cuestionar dicha decisión pues nunca se oficializó con un pronunciamiento.

Como también parece haber omitido ponderar el ministro que, en estas circunstancias, la revelación de información con el consentimiento de los colaboradores y que revelaba serias irregularidades, no representaba la afectación “al interés de la República” que exige el Código Penal para sancionar a alguien.

Así las cosas, para el ministro, la ley parece ser más una excusa que una obligación