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Editorial: Leyes y leyes

Los topes a las tasas de interés perjudican a los usuarios más vulnerables del sistema financiero.

Editorial

Castro-Lescano

Hace unos días, el congresista Miguel Castro (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, anunció que presentará un proyecto de ley para imponer topes a las tasas de interés cobradas por las entidades financieras, apoyando la iniciativa legislativa del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

El congresista Miguel Castro presentará un proyecto de ley para imponer topes a las tasas de interés de entidades financieras mientras que Yonhy Lescano ha presentado otro para prohibir las comisiones bancarias.

Hace unos días, el congresista Miguel Castro (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, anunció que presentará un proyecto de ley para imponer topes a las tasas de interés cobradas por las entidades financieras, apoyando la iniciativa legislativa del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

Hay leyes de todo tipo. Existen leyes de la física, leyes de la economía, leyes dictadas por estados soberanos, etc. El problema con las distintas variantes de leyes es que –a pesar de que las llamamos igual– no todas aluden a lo mismo: mientras algunas describen el funcionamiento de las cosas tal cual son –como las leyes de la naturaleza–, otras intentan acomodar el mundo a su visión particular –como las leyes que aprueba un Congreso–. El conflicto surge cuando las segundas intentan contradecir a las primeras.

Algo así es lo que viene pasando con el proyecto de ley que presentará el congresista Miguel Castro (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, para imponer topes a las tasas de interés cobradas por las entidades financieras. El parlamentario buscará consensuar su iniciativa legislativa con otra ya presentada en un sentido similar por el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular). Esta última propone la prohibición de las comisiones bancarias.

Según el congresista Castro, “somos un país que tiene tasas de interés abusivas, sobre todo para los sectores C y D”, de modo que considera que “tenemos que tener una norma que controle el uso excesivo que tienen las entidades para fijar tasas de interés”.

La idea parece noble en principio

–nadie quiere cobros abusivos para las personas en condiciones económicas vulnerables–. Pero el control de tasas de interés y comisiones es, en la práctica, un control de precios. Llegado este punto, son innumerables los ejemplos en los que los precios controlados desaparecieron para la población objetivo los mismos productos que querían promover (ahí están el caso peruano de finales de los años 80 y el venezolano actual).

Como bien apuntó al respecto el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, la consecuencia directa de una norma como la planteada por los congresistas Castro y Lescano sería la exclusión de las personas más riesgosas –y, por lo general, las más pobres– del sistema financiero. Esto, pues, para las entidades financieras no es buen negocio dar préstamos riesgosos a tasas artificialmente bajas, por lo que el mercado de préstamos informales –que carece de cualquier supervisión y cobra por lo general mucho más que el mercado formal– sería el principal beneficiado. Así, en el supuesto afán de proteger a los consumidores más vulnerables, la Comisión de Defensa del Consumidor les haría un daño significativo.

Como las leyes de la economía suelen ser universales, Chile tuvo un caso parecido con consecuencias como las anticipadas. Luego de pocos años de haber implementado una tasa de interés máxima vinculante, “el número de deudores del tramo más bajo de deuda acumuló descensos de 28% entre julio del 2012 y agosto del 2015”, de acuerdo con un informe de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. En otras palabras, muchos de los deudores más riesgosos –mypes, personas de bajos ingresos o sin historial crediticio– se vieron forzados a salir del sistema formal.

Esto no quiere decir que no haya nada que hacer para mejorar el acceso y los costos del sistema financiero. La SBS debe garantizar que las entidades que supervisa compitan realmente en precios y calidad para atraer consumidores. Las instituciones financieras tienen trabajo pendiente en comunicar de manera más simple y transparente los cobros de sus servicios. Los usuarios, por su parte, deben desarrollar una cultura financiera suficiente para comprender los beneficios y costos del sistema.

A pesar del ropaje equitativo e inclusivo con el que se vende en el Congreso la iniciativa de control de tasas de interés y comisiones, en realidad esta no sería otra cosa que un mandato para que solo aquellos con solvencia y buen historial crediticio accedan al sistema. Los demás, a la informalidad. Porque si algo sabemos de las leyes de la economía, es que estas no se doblan con una ley del Congreso.

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