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Editorial: La mayor sanción

El contexto político hace evidente que la nueva ley antitransfuguismo impone restricciones injustificadas a los parlamentarios.

Editorial

¿Cuánto cuesta investigar en el Congreso de la República?

El pleno del Congreso aprobó, el 14 de setiembre del 2017, la modificatoria al reglamento del Congreso que permite formar solamente una bancada mixta entre los congresistas disidentes de otras bancadas. (Foto: Archivo El Comercio)

Diciembre no fue precisamente un mes de paz y armonía para las bancadas del Congreso. El fallido intento de vacancia contra el presidente y la posterior decisión de este último de indultar a Alberto Fujimori causaron fracturas en diversos grupos parlamentarios. Julio Rosas renunció a Alianza para el Progreso; Vicente Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde se separaron del oficialismo. Y el último miércoles, los diez congresistas fujimoristas que no votaron por la vacancia habrían acordado plantear condiciones para continuar en Fuerza Popular. 

Ante este clima de tensión, normalmente no sería descabellado pensar que el ‘kenjismo’ evalúe crear su propia bancada. O que los otrora oficialistas se sumen a congresistas afines para formar un nuevo grupo parlamentario. Pero aunque estos y otros escenarios no serían solo verosímiles, sino quizá hasta convenientes para un mejor funcionamiento del Parlamento, hoy nuestras leyes lo prohíben. 

En efecto, si bien el año pasado el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional en parte la denominada ley antitransfuguismo –que, como se recuerda, impedía que los congresistas que renuncien o sean expulsados de sus bancadas se unan a otras o formen nuevas–, justamente porque consideró, entre otras cosas, que debía diferenciarse entre el “transfuguismo legítimo” (por razones de conciencia o fragmentación del grupo parlamentario) del “ilegítimo” (por motivos antiéticos), la respuesta del Congreso hizo poco por modificar estos candados. 

En una decisión fugaz tomada apenas un día después de que fuera publicado el fallo del TC, el Legislativo aprobó una nueva modificación al Reglamento del Congreso. Según esta, los legisladores que renuncien a sus grupos parlamentarios por considerar que se les afectó algún derecho reconocido en el reglamento interno de su bancada podrán unirse a otra ya existente o a una ‘bancada mixta’, conformada solo por parlamentarios disidentes. Esto siempre y cuando cumplan un obstáculo más bien político: probar en un procedimiento, cuyo juez en primera instancia sería su propia bancada y segunda el Consejo Directivo del Congreso, que su renuncia estuvo “justificada”. La posibilidad de crear una bancada nueva continúa prohibida, salvo para el caso de alianzas electorales disueltas. 

A propósito de la coyuntura que ha removido al Legislativo, congresistas de cuatro grupos parlamentarios estarían por presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta segunda versión de la ley antitransfuguismo.  

Más allá de lo que pueda estimar el TC, este Diario coincide con los promotores de esa iniciativa en que se trata de una restricción injustificada a la libertad de los congresistas de formar parte del grupo parlamentario que consideren más adecuado para cumplir su labor principal: representar a todos los peruanos. Después de todo, una vez elegidos los congresistas se deben en última instancia más a sus electores que a su partido. 

Ciertamente, aún están frescos en nuestra memoria los casos de parlamentarios que cambiaban de bancada no por un compromiso con sus electores, sino por uno con sus propios bolsillos. Pero como estableció en su momento el TC, tales casos deben diferenciarse de aquellos cismas legítimos que conllevan una lógica necesidad de separación. Recordemos, por citar solo un ejemplo, el caso de los ex congresistas nacionalistas que terminaron renunciando a esa bancada porque querían no una “hoja de ruta”, sino una “gran transformación”. 

Cabe anotar que no son solo los congresistas renunciantes por motivos de conciencia quienes están en una posición precaria, sino también aquellos que puedan eventualmente ser expulsados de sus bancadas. En su caso, ellos solo podrán unirse a otras o a la ‘bancada mixta’ si su impugnación de la sanción ante la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo es exitosa. 

Si lo que se busca es desincentivar las fracturas partidarias, la receta está en otra parte. Fundamentalmente, en el fortalecimiento de los partidos a través de una reforma electoral estructural, que incluya eliminar el voto preferencial. Un camino seguramente más largo y complejo, pero también más adecuado, pues ataca el problema de fondo.  

Es cierto, por lo demás, que otorgar libertad total a los parlamentarios para conformar nuevas bancadas podría derivar en actuaciones contrarias a los intereses de sus votantes, que los pusieron allí en primer lugar. Pero en cualquier caso, son esos mismos votantes quienes tienen en sus manos la mayor sanción posible para esos congresistas: no volverlos a elegir.

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