Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Editorial: Misterios irresueltos

En el Caso BTR quedan cabos sueltos que la fiscalía tiene que evaluar.

Redacción

Editorial: Misterios irresueltos

Editorial: Misterios irresueltos

El pleno del Congreso aprobó esta semana el informe de la ‘megacomisión’ sobre el Caso Business Track (BTR) que recomienda formular denuncia constitucional contra el ex presidente Alan García, el ex primer ministro Jorge del Castillo, el ex ministro Hernán Garrido Lecca y otros funcionarios de ese gobierno por infracción constitucional y presunta asociación ilícita para delinquir.

Esto, como es obvio, podría tener en el futuro inmediato consecuencias no solo legales sino políticas, lo que ha movido a los defensores de García a sostener que detrás de toda la investigación no hay más que un afán por dejar fuera de la carrera electoral del próximo año al líder aprista.

No obstante, si bien es posible identificar indicios de semejante voluntad en lo que fue la formación y manejo de la referida comisión, es necesario señalar que existen varios cabos sueltos en el caso que tendrían que ser evaluados por la fiscalía y que la tormenta legal y mediática desatada en torno a los problemas de procedimiento que se presentaron durante el trabajo del grupo parlamentario ha vuelto borrosos.

A fin de eventualmente orientar la nueva etapa de la investigación, nos permitimos aquí refrescar en la memoria ciudadana, a guisa de ejemplo, solo dos de ellos; pero con detalles no necesariamente incluidos en el informe, y que dan una idea de lo lejos que está de poderse considerar este un asunto cerrado.

Recordemos, en primer lugar, los hechos relacionados con el misterio del USB desaparecido. En setiembre del 2013, la ‘megacomisión’ imputó al fiscal que estuvo a cargo del Caso BTR, Walter Milla López, haber ocultado una memoria USB que le había sido entregada el 28 de diciembre del 2008 por Ismael Malta Uribe, un ex agente naval que trabajaba en BTR transcribiendo los ‘chuponeos’ y que se acogió a la colaboración eficaz. 

Según este último, el dispositivo contenía conversaciones entre Rómulo León, Abel Salinas, Alberto Quimper y Fortunato Canaán sobre la venta de lotes petroleros y sobre concesiones para la construcción de hospitales.

Por su parte, Gastón Alberto Farash, oficial de la Dirandro –la dirección ‘antidrogas’ de la PNP, extrañamente elegida para investigar un caso que no guardaba relación con su especialidad– reveló que el dispositivo fue visualizado por el fiscal Milla, Matta Uribe y él mismo, sin contar con la presencia de un perito que garantizara la integridad del material, porque Milla “dispuso que sea reservado”.

Ante la Comisión, Milla reconoció haber recibido el USB desaparecido, pero sostuvo que no recordaba su contenido. Sin embargo, y a pesar de que en el Cuaderno de Colaboración Eficaz figura que el dispositivo contenía una carpeta de nombre “Romulito”, con dos archivos de audio de nombres “Rómulo y J. Galarza” y “Rómulo y F. Espinar”, así como 13 archivos con transcripciones de audios sobre asuntos relacionados con petróleo y hospitales, el antiguo fiscal ha negado los cargos de encubrimiento real que se le hicieron y ha amenazado con demandar a la comisión investigadora.

El segundo misterio sin resolver es el de los archivos desvanecidos del Ministerio de Salud, justo cuando la Oficina de Control Interno investigaba las supuestas gestiones de Rómulo León y Fortunato Canaán para que la Organización de Estados Iberoamericanos licitara la remodelación y construcción de hospitales durante la gestión de Hernán Garrido Lecca (diciembre del 2007 a octubre del 2008).

Durante el feriado largo de Año Nuevo del 2009,  822 cajas que contenían cerca de 41.000 expedientes e iban a ser revisadas por el órgano de control interno de la contraloría, fueron sustraídas del archivo central del mencionado ministerio, en el Cercado de Lima, en una operación en la que, según cálculo del propio Garrido Lecca, debieron utilizarse por lo menos tres camiones.

Sobre el contenido de esos expedientes, existe controversia, pues mientras el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseveró que correspondían al período 2003-2006 y por lo tanto no podían estar relacionados con los proyectos de hospitales asociados a Canaán, el congresista Daniel Abugattás, presidente de la comisión congresal que investigó el caso de los ‘petroaudios’ durante el gobierno pasado, aseguró –no se sabe con qué base– que sí lo estaban.

De cualquier forma, es evidente que nadie se toma el trabajo de desaparecer tres camionadas de documentos en días feriados si no quiere ocultar algo muy grueso. Y de poner la lupa sobre cosas muy gruesas que alguien pudiera intentar sustraer de la atención pública es que se trata precisamente la responsabilidad que tiene por delante ahora la fiscalía.

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos

Mantente siempre informado y disfruta de cientos de beneficios exclusivos del CLUB EL COMERCIO

¡SÉ PARTE DEL CLUB EL COMERCIO!

SUSCRÍBETE AQUÍ
Ir a portada