Editorial:La siguiente en la lista

Hace unas semanas, comentábamos en este Diario la preocupante escalada de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en relación con la citación de la Comisión Lava Jato al presidente Pedro Pablo Kuczynski, con la negativa de este último a acudir a ella, y con su propuesta de responder por escrito a las preguntas que el grupo de parlamentarios le formulase.

En aquella ocasión, cuestionábamos las forzadas interpretaciones que algunos congresistas estaban ensayando para sustentar la supuesta obligación del mandatario de acudir al llamado de la comisión investigadora al punto extremo de calificar su negativa como una eventual infracción constitucional, contraviniendo la lectura que el consenso de expertos en la materia hacía de las prerrogativas que la Carta Magna concede al jefe de Estado.

Pues bien, en medio de las idas y vueltas entre el oficialismo y oposición en torno a este tema, el último martes la Comisión Lava Jato acordó citar a la esposa del presidente, Nancy Lange.

El motivo declarado por los miembros de la comisión que votaron a favor de la citación es el de su aparición como socia de Latin America Enterprise Capital Corporation, una compañía que, según informaba un reciente reportaje de “Cuarto poder”, tenía coincidencia de dirección y fundador (el empresario Gerardo Sepúlveda, amigo del presidente Kuczynski) con First Capital Partners, firma que asesoró a Odebrecht entre los años 2005 y 2006. Sin embargo, el contexto de la invitación deja entrever algunos móviles subyacentes.

“En atención a que ya es totalmente evidente que el presidente de la República no quiere rendir cuentas a la justicia, que está utilizando la inmunidad que reviste el cargo de presidente para sustraerse de la acción de la justicia, yo solicito que esta comisión investigadora convoque a rendir su declaración a la señora Nancy Lange”, propuso la ex miembro de la bancada fujimorista Yeni Vilcatoma, haciendo traslúcida la verdadera razón detrás de la iniciativa. Este pedido fue secundado por el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde –dado que la ex procuradora no es integrante de la Comisión Lava Jato– y aprobado también con los votos de los únicos parlamentarios que participaban en la sesión en ese momento, Mauricio Mulder, del Apra, y Karina Beteta y Rosa Bartra, ambas de Fuerza Popular.

Aunque la comisión parlamentaria tiene la potestad para citar a la primera dama –a quien no le alcanza la protección constitucional–, tanto analistas como voceros del oficialismo han advertido el móvil político y el mensaje intimidatorio hacia el presidente Kuczynski. La decisión ha merecido los calificativos de “abuso” (Gilbert Violeta y Guido Lombardi) y “golpe bajo” (Gino Costa) y, a la luz de las circunstancias, es difícil no coincidir con tales críticas.

Como hemos señalado en este Diario, el rechazo del presidente a recibir a la Comisión Lava Jato es constitucionalmente legítimo pero también un desatino desde el punto de vista político, por más desprolija que pueda haber sido hasta el momento la actuación de dicho grupo de trabajo y por más que muchas de las acciones de la comisión parezcan indicar que estaría siendo usada como un arma de vapuleo político. Especialmente considerando que la negativa de Kuczynski no ha sido mitigada siquiera con una explicación transparente y detallada ante los medios de comunicación y la ciudadanía en general de la relación pasada que él o personas y empresas de su entorno pudieran haber tenido con la empresa Odebrecht.

Pero entre señalar los válidos cuestionamientos al presidente y usar el poder parlamentario para acometer contra su familia existe un largo trecho que la razón y el decoro deberían separar.