(Foto: GEC)
(Foto: GEC)
Editorial El Comercio

Hace dos días, el fiscal superior Rafael Vela solicitó al Poder Judicial 16 años y 8 meses de cárcel para el ex presidente por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso . El pedido, además, incluye a otros allegados del ex mandatario, como su esposa , su suegra Eva Fernenbug y su ex jefe de seguridad ‘Avi’ Dan On.

Como sabemos, los hilos que han llevado a tejer este proceso comenzaron a notarse hace seis años, cuando se detectaron algunas inversiones inmobiliarias realizadas por la señora Fernenbug, que en algunos casos tenían como beneficiarios finales a su hija y a su yerno.

Desde el inicio, sin embargo, el ex presidente intentó crear una ‘historia’ que resultara verosímil para justificar las compras de su suegra. Un empeño que, sin embargo, terminó encallando rápidamente producto del enredo en el que el propio Toledo se metió al tratar de explicar el origen de los fondos (que ubicó primero en una supuesta indemnización recibida por la madre de Eliane Karp como víctima del holocausto, para pasar luego a afirmar que era una herencia de viudez y, finalmente, un préstamo del amigo empresario ).

Con el tiempo, no obstante, la historia paralela del ex presidente empezó a descascararse y a ser reemplazada por otra que, a la luz de las evidencias, luce bastante más creíble que la suya. Esta última es la que, precisamente, reconstruye la acusación del fiscal Vela.

Según la tesis fiscal, el dinero con el que la suegra del ex mandatario pagó la compra de una casa en Las Casuarinas (US$3’750.000), una oficina, tres estacionamientos y un depósito en la Torre Omega (US$882.400), y con el que, además, canceló las hipotecas de las casas de Toledo en Punta Sal (US$277.000) y Camacho (US$217.000) provino de las coimas que pagaron las constructoras brasileñas a fin de poder adjudicarse la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la IIRSA Sur durante el gobierno peruposibilista.

Dicho dinero, además, habría sido sometido a un largo proceso de tamizaje para intentar ‘limpiarlo’ –en otras palabras, lavar activos– recurriendo a empresas ‘offshore’ constituidas en Costa Rica y Panamá, como Confiado International Corp. (fundada por Maiman), Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting (ambas de ‘Avi’ Dan On), y Ecoteva Consulting Group (de Fernenbug).

Un supuesto circuito criminal que, para más luces, encajaría a la perfección con los indicios que se han ido conociendo en los últimos tiempos. Entre estos, las declaraciones de Jorge Barata, el ex representante de en el Perú, que en la ronda de interrogatorios ante fiscales peruanos celebrada en abril pasado afirmó que la constructora había pagado a Toledo coimas por US$31 millones (la acusación solo recoge US$20 millones) para asegurarse los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, y que el ex presidente también habría cobrado un soborno a las empresas encargadas del tramo 4 (Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez).

A ello habría que sumar el testimonio del propio Maiman –devenido colaborador eficaz del Ministerio Público– que ha reconocido ante los fiscales peruanos haber recibido el dinero de las coimas pedidas por Toledo en sus cuentas bancarias.

Tampoco hay que olvidar que la fiscalía ha logrado identificar varias transferencias realizadas por Odebrecht y Camargo Correa –en los años posteriores al término del gobierno de Toledo– a cuentas relacionadas con Maiman, como Trailbridge Ltd., que se usarían luego para alimentar a las ‘offshore’ panameñas y costarricenses.

En fin, un acervo documentario que, para infortunio de Toledo, si se conecta con la otra causa que tiene abierta ante la justicia peruana –el Caso Odebrecht– y por el que ya afronta un pedido de prisión preventiva con solicitud de extradición de Estados Unidos, compone un panorama bastante claro de cómo surgieron, se intentaron maquillar como legales y se gastaron los sobornos que recibió durante su administración. Vista entonces la tesis del fiscal Vela –y más allá de lo que pueda alegar Toledo– podríamos, siguiendo el principio de la navaja de Ockham, aplicar en el Caso Ecoteva aquello de que, ante dos explicaciones, la más verosímil tiende a ser la verdadera.