Editorial: Offside naranja

“La naranja mecánica”, nombre de la novela de Anthony Burgess y la famosa película adaptada por Stanley Kubrick, también era el apodo con el que se conoció a la selección holandesa de fútbol en los años 70. Un adjetivo motivado por el color naranja de la camiseta de dicho equipo y el orden que mostraba en el juego.

A raíz de la disciplina con la que venía desempeñándose el grupo de 72 congresistas de Fuerza Popular (FP) y la coincidencia de colores, las similitudes con el conjunto holandés saltaban a la vista. Y por eso mismo, llama tanto la atención la forma más bien desordenada e incoherente con la que el bloque fujimorista ha actuado recientemente respecto del caso del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

Como es de público conocimiento, existen diversas pruebas de las lesiones y atentados contra la libertad sexual cometidos en el seno del SVC, varias de las cuales incluso han sido reconocidas por el propio grupo eclesiástico en su más reciente informe de febrero de este año. El Ministerio Público, sin embargo, decidió archivar la investigación penal aludiendo falta de testimonios y evidencias. Ante esta situación, el congresista Alberto de Belaunde presentó una moción para crear una comisión investigadora del caso del SVC en el Congreso.

En un inicio, esta moción fue respaldada por 31 parlamentarios de diferentes bancadas, incluyendo a Kenji Fujimori, Úrsula Letona, Lourdes Alcorta, Francisco Petrozzi, Yesenia Ponce, Daniel Salaverry y Víctor Albrecht de FP. El martes pasado, no obstante, la moción fue archivada por el Consejo Directivo del Parlamento gracias a los votos de FP. 

No está claro qué motivó el cambio de actitud. El miércoles, el congresista Kenji Fujimori calificó el resultado de “nauseabundo” y afirmó que la decisión no fue debatida en la ‘Bankada’, una posición secundada por sendos tuits de otros dos parlamentarios fujimoristas. Daniel Salaverry, por su parte, respondió que sí era una resolución del grupo parlamentario. Héctor Becerril y Carlos Tubino, en cambio, afirmaron que se había tratado de una manifestación individual de los congresistas representantes en el Consejo Directivo del Congreso. Finalmente, el vocero de FP, Luis Galarreta, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que reconsiderarían la moción de crear una comisión investigadora a pedido de su lideresa y ex candidata presidencial Keiko Fujimori, dejando claramente ‘fuera de juego’ a Kenji Fujimori, al añadir que ni siquiera había leído su mensaje en la red social.

La reconsideración no fue propiamente tal, y en lugar de crear una comisión investigadora, el fujimorismo encomendó esa tarea a la Defensoría del Pueblo.

Más allá del resultado concreto, las idas y vueltas del fujimorismo dejan varios cuestionamientos a las versiones esgrimidas. No parece verosímil, por ejemplo, que congresistas como Úrsula Letona hayan retrocedido en su respaldo inicial a la moción sin un acuerdo (o un mandato) de por medio, del que no estuviera enterada Keiko Fujimori (cuya supervisión de las decisiones de su bancada se hizo patente con el famoso chat ‘mototaxi’); ni tampoco que la reconsideración fallida no haya tenido que ver con la reacción del menor de los hermanos Fujimori.

Pero el cuestionamiento más fuerte de todos tiene que ver con el doble estándar que este asunto ha evidenciado en el fujimorismo. Pues si bien es cierto que el Congreso no debería convertirse en una instancia de revisión paralela de cualquier investigación fiscal o proceso judicial, llama al asombro que en un caso tan grave como el del SVC –que involucra abusos sexuales de forma sistemática por varios años y en el que se imputa una conducta encubridora a un órgano fiscal– FP haya optado por una conducta más bien indulgente. Más aun cuando en otros casos no le ha incomodado duplicar la labor judicial con una investigación parlamentaria propia (como en el caso de Carlos Moreno o las investigaciones a las obras del gobierno humalista).

Y ante la opinión pública, es este doble rasero el que deja en offside al fujimorismo.