(Foto: GEC)
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A estas alturas, ha quedado ya claro que el actual Congreso de la República es inmune a la crítica técnica de sus proyectos de ley, venga de quien venga. Sea en el caso de los peajes, del retiro de parte del fondo de las AFP, de la “devolución” de los aportes a la ONP, de la sanción por acaparamiento y en tantos otros, las comisiones y el pleno han hecho oídos sordos a los consejos de casi cualquier otra institución o especialista en la materia a debate.

Así, en una jornada que marcó récord de efectividad, la Comisión de Economía aprobó en 10 minutos y por unanimidad un dictamen para otorgar facilidades crediticias a personas y empresas. En concreto, la norma tiene como objetivo “prohibir generar cargos adicionales a los usuarios que tengan préstamos vigentes y otras obligaciones financieras con entidades del sistema financiero que puedan ser originados por el no pago de las cuotas”. La norma aplicaría durante el estado de emergencia o 90 días calendario posteriores a su entrada en vigencia.

Esta iniciativa se suma a un dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor en similar sentido. Una diferencia significativa es que el dictamen de la Comisión de Economía incluye como beneficiarios de la norma a empresas, en tanto que la otra pieza legislativa solo contempla créditos de consumo, personales e hipotecarios. El pleno será ahora el responsable de consolidar ambos textos y ponerlos a votación.

En el caso del dictamen de la Comisión de Economía, el atajo y la improvisación en las formas del debate revelan también la debilidad de su fondo. Si el objetivo es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, el límite de ingresos mensuales estipulado para ser beneficiario (2,5 UIT, el equivalente a S/10.750) está lejos de acotar las ventajas a ese grupo. En efecto, con ello se excluye apenas al 5% de la población de mayores ingresos.

Como es el espíritu con otras alternativas de corte intervencionista, la norma impone sus criterios en una relación entre actores privados. Esto dificulta el proceso de reprogramaciones que ya se está dando de mutuo acuerdo entre las entidades financieras y sus clientes. A la fecha, en el sector bancario se han reprogramado deudas por más de S/107 mil millones. Ante la incertidumbre regulatoria, el incentivo de precaución para las empresas financieras es ser más restrictivos con los créditos y las tasas de interés a las personas y empresas con menos historial crediticio. Lógicamente, ello termina por perjudicar precisamente a quienes se quería beneficiar.

Finalmente, promover un sistema financiero saludable para salir de la crisis lo antes posible no parece ser tampoco una prioridad en el Legislativo. Al reducir discrecionalmente los ingresos de las entidades financieras no solo se pone en riesgo su sostenibilidad, sino también los ahorros de millones de personas. Lo último que quisiéramos, pues, es agregar a una crisis económica del sector una crisis financiera. Ello haría este duro proceso muchísimo más largo y doloroso. Inadvertidamente, los legisladores juegan con fuego.

Aún queda espacio para que el pleno del Congreso recoja la opinión de instituciones como la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCRP), y demuestre sensatez respecto de estos dictámenes. Legislar es una tarea seria y debe ser tratada como tal.