Editorial: Otra mano firme

La reacción del Gobierno Peruano ante la pandemia del COVID-19 fue, sin duda, una de las más veloces y contundentes, sobre todo dado el número relativamente menor de casos confirmados que había entonces dentro del país en comparación con otras latitudes. El avance de la enfermedad en el Perú y en distintas naciones durante los últimos días parece confirmar que la dura declaración de estado de emergencia adoptada por el presidente Martín Vizcarra fue apropiada.

Como se sabe, las disposiciones de aislamiento social y otras medidas a lo largo del mundo, en efecto, controlan la propagación del virus, pero a un costo enorme para la actividad económica. Bank of America estima que el PBI global caería más de 10% durante el segundo trimestre del año. “Se perderán empleos, se destruirá riqueza y se deprimirá la confianza”, comentó Michelle Meyer, economista de la institución.

El Perú no es ajeno a esta situación. El Gobierno tiene, en realidad, dos crisis entre manos que atender de manera inmediata. La primera es la emergencia sanitaria a partir del avance del virus. La segunda es el potencial colapso que esta enfermedad y las medidas necesarias para controlarla traerán sobre el aparato productivo nacional.

La respuesta económica de la administración debe tener un componente de corto plazo y uno de largo plazo. Durante los próximos días, la prioridad está en ayudar a las familias vulnerables que, a causa del estado de emergencia, se ven impedidas de generar ingresos mínimos. Al mismo tiempo, empresas de todo tamaño luchan por mantenerse a flote y encontrar liquidez en un período en el que no pueden producir ni vender, pero sí deben continuar cubriendo sus costos. Apoyar a los trabajadores y a las empresas en estas semanas es fundamental para no romper con la cadena de pagos y ocasionar más daño aún. Las políticas deberán orientarse a que, cuando las restricciones se levanten, la actividad económica regrese a la normalidad lo antes posible.

Desde una visión más de largo plazo, esta emergencia podría ser la ocasión que necesita el Gobierno para finalmente poner en marcha un programa serio de inversiones públicas. El objetivo sería no solo dinamizar la economía en una circunstancia de posible recesión, sino reducir de una vez por todas las brechas sociales que por años hemos tenido ignoradas. En las próximas semanas, de hecho, es posible que la brecha en el sector salud resulte particularmente costosa en términos humanos.

Felizmente, como mencionábamos en estas páginas la semana pasada, el Perú ha acumulado fortaleza fiscal para enfrentar estos retos económicos de corto y largo plazo. Si alguna circunstancia era la adecuada para utilizar nuestra posición macroeconómica, el momento parece haber llegado. Chile, por ejemplo, ha comprometido esta semana casi el 5% de su PBI en un programa de estímulo económico. Países europeos también tienen planes de dimensiones similares. Por el momento, el Perú no se encuentra ni cerca de esa cifra, a pesar de tener el espacio fiscal suficiente.

La guerra contra el virus se va a ganar, obviamente, en el campo de la salud. Pero para minimizar los daños económicos el Gobierno tiene que asumir que este es un evento tremendamente inusual que amerita, por tanto, respuestas que van muchísimo más allá del paquete de herramientas regular. La mano firme del presidente para dictar medidas extraordinarias no puede ser solo para contener el avance del virus, sino también para contener sus devastadores efectos económicos.