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Editorial: Los otros

El archivamiento de la última denuncia a Pedro Chávarry no solo es responsabilidad de los legisladores que votaron contra ella.

Editorial

vitocho arana

"La carga también recae en los otros; es decir en aquellos que, por omisión, terminan permitiendo el indeseado desenlace".

El martes, con votos de Fuerza Popular (FP) y el Apra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó archivar la denuncia contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el caso de la sustracción de documentos de una oficina lacrada en el Ministerio Público.

Esta situación, además de representar un nuevo episodio en el que el fujimorismo y el aprismo se comprometen en librar al referido funcionario del trance de una investigación, resulta especialmente preocupante dada la naturaleza de las evidencias que lo relacionan con el caso. Como se sabe, el 5 de enero de este año, con el señor Chávarry en el edificio, Rosa Venegas, ex asesora del otrora titular del Ministerio Público, sustrajo documentos de una oficina que había sido lacrada a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Ella luego aseguraría que lo ocurrido se dio a pedido de Chávarry.

Además, según el informe elaborado por la secretaría técnica de la referida subcomisión tras evaluar los medios probatorios, existían elementos en la denuncia que sugerían que el mencionado personaje habría incurrido en infracciones a múltiples artículos de la Constitución y la presunta comisión de delitos, como los de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.

Con todo esto en mente, resulta pertinente señalar a los congresistas que, con su voto, hicieron que tal denuncia fuese archivada; a saber, los legisladores Karina Beteta, Mario Mantilla y Milagros Salazar de FP, así como Javier Velásquez Quesquén del Apra. Sin embargo, la responsabilidad de este desenlace no solo recae en ellos, sino también en los que se ausentaron de la sesión y cuyo papel –deliberado o no– en este nuevo blindaje ha pasado relativamente desapercibido.

Puntualmente nos referimos a los parlamentarios Marco Arana (Frente Amplio) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) que, de haber votado y sumado sus votos a los de Juan Sheput, Gilbert Violeta y Oracio Pacori, habrían permitido que la denuncia procediese. O, por lo menos, obligado al presidente de la subcomisión Cesar Segura (FP) a ejercer su voto dirimente en sentido contrario, con el consiguiente costo político que ello les acarrearía a él mismo y a su bancada.

El congresista Arana, quien desde su cuenta de Twitter criticó el resultado de la votación, ha asegurado que su ausencia se debió al hecho de que, de manera simultánea a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, estaba sesionando la Comisión de Constitución sobre un proyecto elaborado por él.

Difícilmente esta actitud podría llevarnos a acusar al señor Arana de alguna forma de complicidad con lo ocurrido. ¿Pero no debió ser prioritario, para alguien supuestamente comprometido en la lucha anticorrupción, participar en un proceso que pudo resultar en la apertura de una investigación a un funcionario tan cuestionado como Pedro Chávarry?

El caso del congresista García Belaunde apunta en el mismo sentido. Él se ausentó de la sesión porque, según ha explicado, tenía una cita con el cardiólogo y “no se sabía que se iba a tocar el tema”. Esto último, sin embargo, ha sido contradicho por Juan Sheput –también miembro de la subcomisión– quien ha asegurado que “siempre se sabe la agenda de la subcomisión un día antes”.

Esta, por lo demás, no ha sido la única ocasión en la que decisiones relacionadas con el señor Chávarry no han contado con el voto a favor de los referidos congresistas. El 14 de enero, por ejemplo, cuando se resolvió archivar la denuncia constitucional presentada por el legislador Gino Costa por la supuesta adulteración de las notas del ex fiscal de la Nación, los que votaron a favor de la investigación fueron solo Juan Sheput, Gilbert Violeta, Oracio Pacori y César Vásquez. La misma situación, solo que sin Vásquez, se presentó el 29 de enero, cuando se archivó la denuncia planteada por el procurador Amado Enco por la presunta participación de Chávarry en una organización criminal.

Así las cosas, es importante tener presente que la responsabilidad de los resultados en votaciones como la que nos ocupa no solo depende de los que votan en un sentido o en el otro. La carga también recae en los otros; es decir en aquellos que, por omisión, terminan permitiendo el indeseado desenlace. Situación especialmente relevante frente al caso de un funcionario que habría roto la ley ocupando el cargo que precisamente debía encargarse de preservarla.

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