Editorial: ¿Pagos por gusto?

Esta semana el ministro Castilla aprovechó el foro organizado por la revista “The Economist” sobre nuestro país para hacer algunas declaraciones muy sensatas respecto a nuestra informalidad tributaria. Así, implicó que el Estado no podía exigir que hubiera en el Perú una mayor formalidad considerando la actual carga tributaria que tienen que enfrentar las empresas pequeñas (que, como se sabe, son en muchos sentidos las protagonistas de nuestra economía). Y dijo también que había una relación entre la motivación de las personas para pagar impuestos y la calidad de los servicios que el Estado les da a cambio de esos impuestos. En esta relación, el Estado Peruano, según reconoció el ministro, vendría incumpliendo con sus contribuyentes: “Si seguimos ofreciendo servicios de mala calidad en educación, en pistas con huecos, etc., es un disuasivo al pago de impuestos”.

Vale la pena detenerse en este último punto, tan pocas veces considerado en el país. Porque, efectivamente, nuestro Estado está muy “al debe” frente a quienes pagan nuestros tributos (tributos que, si se toman en cuenta todos los criterios por los que nuestros contribuyentes están obligados a transferir recursos periódicamente al fisco, equivalen anualmente a casi un cuarto de nuestro PBI). Dicho de otra forma: si los impuestos se dan sobre la base de una especie de contrato implícito por el cual el Estado cobra a cambio de dar determinados servicios, esa minoría que cumple sus obligaciones tributarias en el Perú –el llamado sector formal– está siendo sistemáticamente no correspondida por su contraparte.

En efecto, solo en los diez años que van desde el 2003 hasta el 2013 el presupuesto estatal (es decir, la cantidad de recursos de los que el Estado dispone para cumplir sus funciones) se multiplicó por tres (pasando de S/.44.000 millones a S/.133.000 millones). Sin embargo, no podemos decir que hayan mejorado en al menos parecida proporción los más esenciales de los servicios públicos que este Estado presta. De hecho, en muchos casos es difícil establecer si ha habido alguna mejora del todo. 

Consideremos, por ejemplo, el caso del sector Educación. A comienzos del período mencionado su presupuesto era de S/.3.848 millones. Para el 2013, se había más que doblado, convirtiéndose en S/.9.483 millones. Sin embargo, a la fecha nuestro sistema educativo continúa en un nivel que lo hace disputarse los últimos puestos de la prueba de PISA en todas las categorías que esta evalúa. 

El caso de nuestro servicio de seguridad, por su parte, parece haber sido incluso peor. El presupuesto del sector Interior en el 2003 era de S/.2.855 millones. Al llegar el 2013 se había casi duplicado, hasta alcanzar los S/.5.269 millones. Sin embargo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el 2013 el Perú ya tenía la tasa más alta de victimización de todo el subcontinente. 

La situación de la justicia, por nombrar un último ejemplo, ha seguido un camino similar. Solo entre el 2007 al 2011 el presupuesto de nuestro Poder Judicial se multiplicó por dos, sin que se lograse ninguna mejora especial en su atención y confiabilidad. De hecho, entre esos mismos años el Perú cayó del puesto 95 al 115 (de 185) países en la categoría “capacidad para hacer cumplir los contratos” del ránking del Doing Business del Banco Mundial (categoría que se elabora en base a los tiempos y costos de los procesos judiciales). Y el 2012, justo un año después de que terminase esta duplicación de presupuesto, la institución fue considerada la más corrupta del país por los ciudadanos consultados en la Encuesta Nacional de Percepciones y Corrupción de Ipsos.

Los servicios que da el Estado tienen que ser, dijo el ministro Castilla, “la retribución” de sus contribuyentes. Sin embargo, lo que venimos teniendo en el Perú es una situación de pagos que se multiplican incesantemente mientras sus “retribuciones” permanecen iguales –es decir, igualmente malas–. Si una de sus partes no fuese el Estado, se diría que esa relación de tributos sin retribuciones viene siendo una estafa para la otra.