La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, empezó ayer una ronda de diálogos con las distintas bancadas del Congreso. Las conversaciones tienen por objeto crear un clima propicio al otorgamiento del voto de confianza que este nuevo Gabinete requiere de parte de una mayoría de la representación nacional para poder iniciar cabalmente su gestión. Como se sabe, le corresponde a todo jefe de un equipo ministerial que recién se estrena ir a solicitar ese respaldo al hemiciclo dentro de los primeros 30 días posteriores a su juramentación.
En ese sentido, la ronda de diálogos que ha de desarrollarse en los próximos días es, esencialmente, el cumplimiento de un acto ritual y un saludo a las buenas maneras democráticas. Nadie espera de esas citas, en realidad, grandes consecuencias políticas… Pero, quizás en esta oportunidad, valdría la pena hacer una excepción.
Aun antes de haber cruzado una sola palabra con los parlamentarios de las organizaciones presentes en el Legislativo, la primera ministra sabe cuál es el principal escollo que debe enfrentar para obtener lo que pronto irá a solicitar al Congreso.
Excepción hecha de la bancada oficialista y la de sus aliados de Juntos por el Perú, la demanda de que se cambie a algunos ministros es prácticamente unánime en el Parlamento. En distintos tonos, legisladores de Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú-Partido Morado han manifestado en días recientes la conveniencia de que se reemplace, concretamente, al titular del Interior, Luis Barranzuela, por las razones vinculadas a su trayectoria personal que son de dominio público. No han sido pocas tampoco, por otro lado, las voces que se han pronunciado a favor de que se remueva también al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por su cercanía al Movadef.
Los congresistas, además, no están solos en este reclamo. La encuesta nacional de El Comercio-Ipsos realizada este mes y publicada en nuestras páginas ayer y antes de ayer revela que existe también un clamor ciudadano al respecto: mientras que un 34% de los encuestados opinó que la confianza debería ser otorgada sin condiciones, un 30% considera que esto solo debería ocurrir si Barranzuela es retirado del cargo. Si sumamos a ello el 27% que se inclina por una negación de plano de la confianza, tenemos a un 57% de la población que no ve con buenos ojos al equipo ministerial (un 9% no precisó su opinión sobre el punto): una cifra a todas luces alarmante para un Gabinete que recién sale a la cancha.
Ante esta situación, sin embargo, la respuesta de la señora Vásquez ha sido hasta ahora tibia. En su conferencia de prensa de la semana pasada y en alusión específica a los cuestionamientos que pesan sobre el actual responsable de la cartera de Interior, la presidenta del Consejo de Ministros se limitó a declarar que le había pedido “los descargos” para luego hacer “una evaluación del caso”. Es decir, una fórmula que deja el sabor de ser una manera de ganar tiempo para ver si la tormenta pasa.
Lo cierto, no obstante, es que los conflictos de interés, las investigaciones fiscales y la andanada de sanciones recibidas por Barranzuela cuando era policía no son materia susceptible de un “descargo”. Los inconvenientes –por decir lo menos– que representan para el desempeño de la función que se le ha encargado son evidentes, y las razones para ignorarlas, políticas.
Para lograr el espíritu de convivencia democrática y alejado de la confrontación que se supone busca la ronda de diálogos recién iniciada, en consecuencia, un muy buen principio podría ser el de hacer los ajustes en el Gabinete que todos los sectores no comprometidos con el Gobierno exigen. Sería una enorme muestra de madurez y un gesto de buena voluntad de la primera ministra, quien luego tendría la autoridad moral para solicitar gestos semejantes de la oposición en el Legislativo.
De lo contrario, la ronda en cuestión no pasaría de ser un juego harto inadecuado para los tiempos que vivimos.
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