Editorial: La parábola de los condenados

Entre las múltiples circunstancias que mellan la imagen del Congreso, una de las más graves es sin duda el hecho de que cuatro de sus integrantes carguen actualmente sobre sus espaldas condenas de prisión efectiva emanadas por distintas instancias del Poder Judicial y, sin embargo, ninguno de ellos la esté purgando.

Los casos de Benicio Ríos y Edwin Donayre, ambos elegidos en las listas de Alianza para el Progreso (APP), son ciertamente los más sonados, pero no los únicos. En trance semejante al de ellos se encuentran Zacarías Lapa, del Frente Amplio (FA), y Guillermo Martorell, de Fuerza Popular (FP).

Ríos, como se recuerda, fue condenado en primera instancia en diciembre del 2017 y en segunda instancia en mayo pasado a siete años de cárcel por “colusión agravada”, pues adquirió terrenos sobrevaluados cuando era alcalde de Urubamba (Cusco). Se ausentó del Congreso en abril del 2018 y reapareció el lunes 20 de agosto. Pero dos días más tarde, el miércoles 22 de agosto, el Poder Judicial envió al Legislativo el pedido de autorización para proceder con el arresto y el 23 el pleno lo aprobó. Y desde ese entonces, Ríos ha vuelto a la clandestinidad.

Donayre, por su parte, es acusado de haberse apropiado, junto con otras 41 personas, de combustible para luego venderlo cuando era comandante general del Ejército, entre enero y noviembre del 2006, lo que constituye el delito de peculado. El 27 de agosto fue condenado a cinco años de prisión y, según ha informado a este Diario el juez supremo Francisco Távara, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema revisará su caso y emitirá la próxima semana su informe sobre la materia. Donayre no ha apelado todavía a una segunda instancia, aunque ha anunciado que lo hará.

En lo que concierne a Lapa, su sentencia es a cuatro años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible y data del 26 de marzo de este año. Se lo acusa concretamente de haber influido en la contratación de dos trabajadores que no reunían los requisitos de ley cuando formaba parte del Proyecto Especial Sierra Sur Centro (Ayacucho). Según se sabe, el juzgado de Ayacucho ha pedido a la policía que se suspenda la captura de Lapa hasta que la sentencia que pesa sobre él se resuelva en segunda instancia. No tiene pedido de prisión.

Martorell, finalmente, fue condenado en febrero pasado a cinco años de prisión efectiva por un juzgado de Tacna, tras haber sido acusado de los delitos de colusión y negociación incompatible. Esto a raíz de haber favorecido a su hermano con la venta de un terreno en la zona franca de su región, cuando se desempeñaba como presidente del directorio de Zofra Tacna. No existe todavía una decisión en segunda instancia sobre su caso ni pedido de prisión para él.

Con todas sus diferencias, la situación de cada uno de estos legisladores afecta, como decíamos, la imagen de la representación nacional en su conjunto y, en esa medida, constituye con toda seguridad uno de los ingredientes que alimenta la popularidad de la que goza entre la ciudadanía la propuesta lanzada por el presidente Vizcarra para prohibir la reelección congresal inmediata (76%, de acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos)… A pesar de que ninguno de los cuatro es un parlamentario reelecto.

Todos, en efecto, fueron elegidos para ocupar una curul por primera vez en el 2016, lo que sugiere que el problema que enfrentamos actualmente en el Legislativo no tiene que ver con la reelección, sino con la selección y la elección. Es decir, con el proceso de filtro que deberían asegurar los partidos que postulan candidatos al Congreso a la hora de armar sus listas y con el cuidado que tendrían que poner los electores al momento de endosar su voto a tal o cual postulante.

En esa medida, las historias de estos cuatro condenados deberían funcionar como parábolas ilustrativas para quienes tienen que diseñar las reformas que serán sometidas en el futuro próximo a referéndum y también para quienes tendremos que votarlas.