Editorial: Paremos la misma olla

Las mujeres han ido ganando una presencia cada vez más importante en la vida económica y política del país. En la década de 1970, solo tres de cada diez mujeres tenía un empleo. Hoy, casi el 70% lo tiene; diez puntos porcentuales por encima del promedio regional. En el ámbito político, una mujer encabeza las encuestas presidenciales, mientras que los cinco partidos que le siguen tienen al menos a una mujer en su plancha electoral. 

Sin embargo, aún queda mucho por avanzar. Aparte de que las responsabilidades en el cuidado del hogar y de los hijos continúan cayendo de forma desproporcional sobre las mujeres, la desigualdad de ingresos es patente. Según el INEI, en el 2014, mientras que el ingreso promedio mensual por trabajo fue de S/1.230, el sueldo de las mujeres ascendió a S/1.028.

A la fecha, ha habido al menos dos momentos resaltantes en la campaña electoral en los que la discusión sobre la igualdad de género ganó prominencia. Uno de ellos fue el protagonizado por Michelle Ertischek, esposa de Julio Guzmán. Luego de que el candidato revelase que durante la campaña ella cubriría los gastos del hogar, recibió críticas de los sectores más conservadores por permitir semejante división del trabajo.

La respuesta de la señora Ertischek, al señalar que ella se siente orgullosa de poder contribuir al presupuesto familiar y que esta fue una decisión de pareja, fue adecuada. La distribución del trabajo remunerado y del trabajo en el hogar debe responder a lo que ambos cónyuges decidan libremente es lo mejor para ellos y sus hijos en cada circunstancia, en igualdad de condiciones y sin presiones.

El segundo momento en el que las diferencias de género saltaron a la palestra electoral tuvo un matiz sustancialmente distinto. Peruanos por el Kambio (PPK) propuso presentar un proyecto de ley que fuerce la igualación de los sueldos de hombres y mujeres cuando el trabajo desempeñado sea similar. Si bien la igualdad de condiciones salariales es un objetivo importante, este no puede ni debe ser alcanzado mediante una ley.

Según la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (Mesagen), el Estado ha producido ya un buen número de normas, protocolos y reglamentos para fortalecer la igualdad de género en los últimos cinco años, pero estos no se implementaron o no se cumplieron. En ese sentido, agregar una norma abundaría más bien en la letra muerta al respecto. Hacer esfuerzos por hacer cumplir la legislación vigente podría tener efectos más concretos sin necesidad de complicar el ya rígido mercado laboral.

En el fondo, y más allá de su aplicabilidad, forzar cambios en los salarios desde una ley –por más bienintencionada que esta sea– atenta contra las libertades de las empresas e individuos de contratar trabajo según acuerdos voluntarios. Las personas siempre tendrán características no objetivas diferentes –motivación, proactividad, perseverancia– que impactan legítimamente en su remuneración.  Pretender que desde una oficina burocrática se puede determinar cuándo dos empleados son exactamente iguales es cuestionable y, a fin de cuentas, las empresas que discriminen en contra de un grupo u otro serán eventualmente castigadas por el propio mercado en la forma de menos aplicaciones de trabajo de personas calificadas y menos competitividad.

Esto no significa que, en ausencia de leyes que fuercen a los salarios a ajustarse, no haya ya nada que hacer. Por ejemplo, en una sociedad como la peruana en la que todavía se identifica al cuidado de los hijos como una responsabilidad que recae sobre todo en la mujer, la extensión del acceso a programas como Cuna Más –que cuida de los niños menores de tres años por ocho horas diarias en zonas de pobreza– resulta clave. 

Asimismo, la promoción de guarderías privadas es una alternativa que se ha ensayado con éxito en otros países para incrementar la participación laboral femenina y eventualmente sus ingresos. En la medida en que parte de la brecha salarial resulta de una profecía autocumplida –ante sus menores expectativas profesionales, las mujeres pueden decidir capacitarse menos, lo que a su vez resulta en menores cualificaciones–, Cuna Más y las guarderías pueden tener un efecto positivo en la igualación de ingresos. Otras iniciativas, como el fomento de la capacitación femenina en labores o industrias típicamente masculinas y mejor remuneradas, también merecen evaluación.

Es cierto que mientras permanezcan arraigados el machismo y sus taras será difícil lograr condiciones laborales idénticas en la sociedad peruana. Pero esta situación no se combate con leyes difíciles de implementar sino con el reconocimiento del rol de la mujer en igualdad de condiciones en el seno familiar, como en el caso de la señora Ertischek, y con una cultura de competitividad y verdadera libertad.