Editorial: Pasodoble

El Decreto Legislativo 1182 (conocido en los medios como ley ‘stalker’), presentado por el Ejecutivo en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso para combatir la inseguridad ciudadana, ha creado una significativa controversia en los ámbitos jurídico y político, en la que se han destacado tanto sus ventajas como los riesgos que podría entrañar.

Según esta norma, con el objetivo de fortalecer las acciones de investigación y enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, la Policía Nacional (PNP) podrá exigir a las empresas operadoras de telecomunicaciones la geolocalización de celulares u otros equipos electrónicos de manera inmediata y sin contar con una autorización de un juez o un fiscal. 

Como explicó el titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, la decisión de implementar esta medida obedece al tiempo que tarda obtener una autorización de ese tipo, pues actualmente esta “puede tomar semanas y hasta meses”. En cambio, con la modificación legal –dice el ministro– “una persona extorsionada va a la policía, se pide la información y se hace la captura”.

Para lograr este propósito, la unidad a cargo de la investigación solicitará el acceso a los datos siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: que se trate de un delito flagrante, que este sea sancionado con una pena mayor a cuatro años y que la información constituya un medio necesario para la investigación. Antes de hacer el requerimiento, sin embargo, los encargados de la misma informarán al Ministerio Público y este procederá a remitir un informe para su convalidación judicial (la cual debe suceder hasta 24 horas después de que este sea presentado). Una vez hecho el pedido, las empresas de telecomunicación estarán obligadas a brindar los datos de manera inmediata, las 24 horas del día y los 365 días del año.

El instrumento parece ciertamente útil para combatir el creciente número de extorsiones y secuestros en el país, pero tampoco debemos imaginar que será la panacea. Si en el 2012, la Dirincri estableció que el 95% de las llamadas de extorsión se originan dentro de los penales de Lima, no es mucho lo que esta medida podrá hacer para frenarlas mientras no se pongan en vigor otras que han quedado postergadas. Entre ellas la cancelación de líneas telefónicas móviles de usuarios no identificados y la instalación de bloqueadores de señal que eliminen la posibilidad de que algún interno realice estos actos.

Las principales objeciones a la norma, no obstante, tienen que ver con los derechos ciudadanos que podrían ser atropellados al concedérsele a la PNP facultades que en realidad competen al Poder Judicial, pues ello abre la puerta al abuso de estas licencias con fines políticos o, irónicamente, de extorsión. La posibilidad de que se rastree y siga a personas inocentes se torna, además, una amenaza particularmente inquietante si se tienen en cuenta las acusaciones que pesan sobre este gobierno a raíz de los reglajes efectuados en los últimos años desde la Dirección Nacional de Inteligencia a políticos, periodistas y empresarios.

Esto obliga, en consecuencia, a preguntarse por la consistencia del argumento de la lentitud del proceso para obtener previamente la autorización legal para las geolocalizaciones, esgrimido por el ministro Pérez Guadalupe. Y la verdad es que no se entiende por qué si en la norma planteada se espera y se exige que la convalidación judicial de los informes emitidos por la fiscalía sobre las geolocalizaciones iniciadas por la PNP se produzca en un máximo de 24 horas, no se puede pedir algo similar de los permisos que se solicitarían antes de emprender dichas operaciones.

De hecho, si estamos hablando de una medida en la que se deposita tanta confianza para reducir la incidencia de crímenes tan serios como la extorsión y el secuestro, y que por lo mismo tiene que nacer libre de toda sospecha política, ¿no valdría la pena designar a un fiscal y un juez ad hoc disponibles las 24 horas del día para evaluar y conceder esas licencias?

Para enfrentar los incordios de una lentitud proverbial, ya se sabe, nada como imprimirle a la solución un pasodoble.