Editorial: Penales coladera
Editorial: Penales coladera

En su popular novela “Alicia en el país de las maravillas”, Lewis Carroll introduce al lector a un personaje muy peculiar: la Reina de Corazones. Esta monarca conoce solo una manera de resolver cualquier dificultad sin importar su grado de complejidad, ordenar la ejecución inmediata al grito de: ¡Que le corten la cabeza!

Esta actitud parece ser la máxima bajo la cual los directores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han actuado durante los últimos años. Cada vez que un destape periodístico advertía de los graves problemas que ocurrían en el interior de los centros de reclusión, la respuesta ha sido –palabras más o menos– la misma: “Vamos a separar a los funcionarios involucrados”. Y aunque la sanción puede haber sido justificada en muchos casos, no parece haber estado acompañada por medidas para remediar y evitar que vuelvan a ocurrir estos sucesos.

Hoy, casi una semana después de la fuga entre tiroteos de seis reos del penal de La Oroya, aún no hay respuestas que expliquen adecuadamente las causas del escape ni el paradero de los involucrados. Solo hipótesis contradictorias que sugirieron, en un inicio, que familiares de los presos ingresaron las armas de fuego al penal, para luego teorizar que estas les habían sido lanzadas desde el exterior. El desenlace parcial fue la separación del director del penal, pero las razones de la huida y, consiguientemente, las medidas necesarias para evitar su reincidencia, forman parte de una trama sin resolución.

El caso de La Oroya es el más reciente, pero en realidad los penales se han convertido en verdaderas coladeras desde hace ya bastante tiempo. Y no nos referimos únicamente a las fugas de internos –un fenómeno que incluye también los centros de rehabilitación juvenil (basta con recordar los escapes de ‘Gringasho’ de Trujillo y Maranguita a finales del 2012)– sino también a la facilidad con la que objetos prohibidos entran a las cárceles. 

En el 2012, un reportaje periodístico mostró en video la fiesta de cumpleaños de ‘Lito’, un evento amenizado por una orquesta musical y whisky, en el que sus invitados grababan las incidencias con modernos celulares. Algo que no debería llamar la atención, salvo por el hecho de que ‘Lito’ se encontraba preso por tenencia ilegal de armas y secuestro, y las celebraciones ocurrían dentro del penal Castro Castro. La respuesta, en ese entonces, también fue que el director del penal, el jefe de seguridad y todo el personal que trabajó ese día serían removidos de sus cargos.

Pero las fiestas no acabaron entonces. Otro reportaje, esta vez del año pasado y en el penal de Lurigancho, revelaba que las comodidades eran aun mayores en ese centro de reclusión. Las celebraciones no solo incluían bebidas alcohólicas, sino también una discoteca y hasta una piscina. El resultado: otro director destituido. 

Y hace solo unos meses, un reportaje mostraba a los internos del penal de Lurigancho con teléfonos móviles, mientras que el local donde se comercializaban las recargas contaba con televisión por cable. Como se recuerda, la bochornosa excusa del jefe del INPE, Julio Magán, en el sentido de que las imágenes correspondían a años anteriores, fue rápidamente desvirtuada por los hechos.

Los penales, hoy en día, son lugares desde los cuales se organizan extorsiones, acciones de sicariato; centros de comando y formación del crimen. Una realidad conocida desde el inicio de este gobierno. Cinco años después, la situación no solo no ha cambiado, sino que se ha agravado.

La frecuencia con la que ingresan y salen celulares, alcohol y hasta reclusos en nuestras cárceles solo es empatada por el ingreso y salida de autoridades penitenciarias ante cada nuevo destape. La repetición de escándalos durante este gobierno demuestra, sin embargo, que apenas se trató de un cambio de fusibles, antes que de una verdadera reparación del sistema.