Editorial: No es lo que ustedes piensan

El domingo pasado, el programa periodístico “Panorama” reveló que César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), regaló S/10.000 a comerciantes de un mercado en Chosica y S/5.000 a una persona discapacitada en Piura, en plena campaña electoral. Este acto, que parece obedecer a una costumbre del ex gobernador regional –recordemos cómo, cuando era alcalde de Trujillo, fue captado en un video hablando de conseguir votos para su reelección por medio de la repartición de dádivas–, está prohibido, según la Ley de Partidos Políticos promulgada en enero de este año.

Se trata, además, de una denuncia que se suma al mar de cuestionamientos que rodea al candidato de APP y, coincidentemente, Acuña y sus allegados han reaccionado en este caso de manera semejante a como lo hicieron en los otros. Esto es, escondiendo la realidad tras fórmulas eufemísticas que intentan presentar la infracción o el directo delito bajo un revestimiento tolerable para la opinión pública.

En ese sentido, así como cuando se demostró que el fundador de la Universidad César Vallejo había ‘secuestrado’ propiedad intelectual ajena en textos que presentó como propios, hablaron de ‘omisiones’ en las referencias bibliográficas, o de ‘coautoría’ cuando se señaló la apropiación completa que Acuña había perpetrado de la obra de otra persona, ahora el intento de compra de voluntades de los votantes ha sido denominado ‘ayuda humanitaria’.

Lo cierto, sin embargo, es que un candidato presidencial entregó una fuerte suma de dinero a un grupo de ciudadanos en plena campaña electoral. Y en algunos casos –como reveló el reportaje de “Panorama”– los favorecidos manifestaron luego, y de modo enfático, que darían su voto a Acuña en agradecimiento por la generosidad mostrada. El desembolso, en consecuencia, tuvo por objeto ganar nuevas adhesiones.

En una exhibición de que todavía le quedan dedos para intentar tapar el sol, sin embargo, la candidata a la vicepresidencia de APP, Anel Townsend, ha sostenido que Acuña “tiene 35 años de ser una persona solidaria” y que “le ha salvado la vida a mucha gente”. Y si bien esto puede ser cierto o no, en estas circunstancias no viene al caso, porque la pretendida ayuda se da en el contexto de una campaña electoral en la que el ‘solidario’ en cuestión es pasible de la sospecha de esperar tener una solidaridad recíproca de parte del votante. Y es por eso que la ley electoral prohíbe expresamente lo que ha hecho.  

Por otro lado, ante el revuelo levantado por la denuncia, el lunes Acuña dirigió una conferencia de prensa desde el mercado donde otorgó la donación y desplegó en su defensa un argumento adicional (que, dicho sea de paso, asume implícitamente que la entrega de dinero fue en efecto una dádiva y no una ‘ayuda humanitaria’).

Según sostuvo el candidato, la Ley de Partidos Políticos, promulgada en enero, no se aplica retroactivamente a un proceso en curso (las elecciones fueron convocadas en noviembre del año pasado). Ante esto, sin embargo, algunos especialistas han opinado de manera diversa. 

El constitucionalista Enrique Bernales, por ejemplo, en conversación con este Diario, ha aseverado: “El acto de dar dinero está prohibido y es sancionable desde enero”. Asimismo, Manuel Miranda, abogado y presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, indicó que los ofrecimientos fueron dados “en el marco de la vigencia de la norma que prohíbe de forma expresa la entrega de dinero”. 

Como se sabe, la sanción para esta falta sería la exclusión de la contienda electoral. Pero independientemente del desenlace legal de esta historia, lo cierto es que el propósito que ha existido en este caso de intercambiar voluntades de voto por dinero es innegable. Está ahí, a la vista. Pero el señor Acuña y sus voceros insisten en tratar de hacernos creer que estamos siendo víctimas de algún tipo de espejismo o alucinación. 

Es como si, con la evidencia ante nuestros ojos, nos dijeran ‘no es lo que ustedes piensan’, añadiendo, a la falta a la norma electoral y a la ética que debería regir la conducta de todo aspirante al máximo cargo en el país, la ofensa de asumir que todos somos tontos.

Más determinante que cualquier resolución del Jurado Nacional de Elecciones (que eventualmente conocerá este caso), es por eso la de ese otro jurado que componemos todos los electores peruanos. Y aquí estamos persuadidos de que si esta y las otras materias que ensombrecen la postulación de César Acuña a la presidencia llegan a ser sometidas a su criterio, recibirán el fallo que se merecen.