Editorial: Que suenen las alarmas

El motivo de orgullo principal de los peruanos debería ser la enorme reducción de pobreza –y la mejora en la calidad de vida asociada– que se ha logrado en menos de dos décadas. Hacia el 2004, tres de cada cinco peruanos eran pobres; en el 2017, el número era cercano a uno de cada cinco. La diferencia es enorme. 

Y, sin embargo, el avance es insuficiente. Todavía millones de familias carecen de condiciones materiales y oportunidades para desarrollar una vida plena. Más preocupante aun, el país entró el año pasado en una trayectoria opuesta a la que fue motivo de orgullo hasta hace muy poco. Según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI, la tasa de pobreza en el Perú pasó de 20,6% en el 2016 a 21,6% en el 2017, un incremento de un punto porcentual que implica un aumento de 375.000 personas viviendo con un gasto mensual menor al costo de la canasta básica. 

La evaluación del INEI podrá ser exclusivamente de pobreza monetaria, pero la relación con calidad de vida y acceso a servicios es muy clara. “Entre la población [pobre] en edad escolar (de 3 a 24 años de edad), el 24% de los que tienen edad para asistir a educación inicial no están recibiendo aprestamiento escolar”, informa el INEI. Por su lado, solo el 12% de la población ocupada en condición de pobreza está afiliada a un sistema de pensiones. Estadísticas de acceso efectivo a salud, agua y saneamiento, telecomunicaciones, entre otras, son significativamente peores entre la población en condición de pobreza monetaria. 

El deterioro del año pasado, en realidad, es poco sorprendente. El crecimiento económico del 2017 fue mediocre (2,5%), la inversión privada se expandió apenas 0,3% y el mercado de trabajo –de un tiempo a esta parte– destruye empleo formal en vez de crearlo. Este vínculo entre inversión privada, creación de empleo de calidad y mejores ingresos para las familias ha sido especialmente importante para superar la pobreza en los últimos años, pero se ha visto debilitado desde el 2016. Este, y no el incremento de programas sociales, explica la mayor parte de la mejora en la calidad de vida de la población. Los programas de transferencias como Juntos y Pensión 65 cumplen un rol de asistencia importante sobre todo entre la población extremadamente pobre, pero no son ni han sido el camino para superar la pobreza. 

Es cierto que, mientras más se reduce la pobreza, más difícil es continuar reduciéndola. Pasar, digamos, del 30% de pobreza a 25%, es más fácil que pasar del 20% al 15%. Pero eso no justifica que en un año en el que las condiciones externas eran favorables para el Perú se haya desperdiciado la oportunidad de continuar con una tendencia que llevaba ya por lo menos 13 años. 

El nuevo gobierno enfrenta, pues, una situación complicada. El impulso económico que puede tener la reconstrucción del norte del país y otras grandes obras de inversión pública no es insignificante, pero, con un déficit fiscal proyectado de 3,5% del PBI para este año e ingresos tributarios bajos, el espacio para más gasto público es corto.  

Así, la apuesta del Ejecutivo y del Congreso para continuar en la senda correcta de reducción de pobreza deberá pasar necesariamente por reactivar la inversión privada que genera empleo de calidad y por facilitar la contratación formal. Proyectos no faltan: solo en el sector minero, Quellaveco y Tía María tienen un potencial enorme, lo mismo que millones de dólares en inversiones como centros comerciales y hoteles hoy trabados por la burocracia. A fin de cuentas, con un entorno internacional tan favorable, el reciente incremento de la pobreza no es sino un síntoma de errores en política pública cometidos en el pasado: dependerá del coraje político y la capacidad de consenso que puedan demostrar Ejecutivo y Legislativo el que esta historia de éxito no llegue a su fin.