(Foto: Andina)
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Editorial El Comercio

En la última semana, el presidente Kuczynski ha tenido dos intervenciones desafortunadas a propósito del rol que cumplen los testimonios brindados por Jorge Barata y el afán de los medios por investigar y difundir la información que va apareciendo con respecto a los casos de posible corrupción y lavado de activos en la política peruana. 

Primero, el 2 de marzo, durante una exposición en el séptimo GORE Ejecutivo, declaró: “Nuestras autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole una tribuna a gente que certificadamente fue corrupta, y que hoy se han transformado (sic) en grandes acusadores; y eso es inaceptable”. Y también: “Lo que sí, como país, no podemos tolerar es que la justicia se transforme en un show de la televisión”. En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter ese mismo día, además, incluyó a los periódicos en la conformación de esa –a sus ojos– indeseable ‘tribuna’ de investigación. 

Dos días más tarde, por otro lado, en una entrevista para TV Perú volvió sobre el tema. “Lo que a mí realmente me preocupa –dijo en esa ocasión– es que esto es un episodio en una serie televisiva. El ‘acusado-acusador’ se podría llamar esta novela. Un señor que supuestamente ha distribuido coimas aquí en el Perú es ahora el gran acusador”. Y luego, ante la obvia observación por parte de uno de los entrevistadores en el sentido de que la llamada ‘colaboración eficaz’ o ‘delación premiada’ es una herramienta de lucha contra la impunidad reconocida mundialmente, objetó: “Momentito. El proceso de colaboración eficaz es algo que tiene que estar muy bien controlado, porque si no, se va a transformar en una guerrilla que va a proteger a los acusados”. 

Ensayar aquí una argumentación de por qué la colaboración eficaz y la investigación periodística resultan instrumentos fundamentales en el esfuerzo por alcanzar la verdad en casos de corrupción y otros delitos sería un ejercicio ocioso (y en lo que concierne al segundo de estos elementos, adicionalmente autocomplaciente), por lo que nos vamos a exonerar de practicarlo. Los ejemplos en la historia peruana e internacional abundan y nos llevarían con facilidad de Vladimiro Montesinos al Caso Watergate: referencias suficientes para congratularnos de que ni el presidente ni ningún otro funcionario con poder político esté realmente en capacidad ‘no tolerar’ su funcionamiento en nuestro país.  

El problema para el presidente, sin embargo, no se agota en cómo lo pudo haber hecho lucir su protesta contra herramientas demostradamente útiles en la lucha de la que venimos hablando. En realidad, más bien se profundiza y se torna particularmente inquietante si consideramos la situación en la que tales herramientas lo han colocado a él mismo en los últimos tiempos. 

Son, en efecto, los testimonios con los que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata aspiran a aliviar su situación penal y lo que la prensa ha ido sacando a la luz a partir de ellos, aquello que tiene al jefe de Estado frente a un nuevo intento de vacancia. Información cuyo peso para declarar la incapacidad moral permanente es cuestionable, pero que requiere explicaciones que él no ha querido o sabido dar, arguyendo una supuesta ‘falta de prolijidad’ que, según indican las encuestas, no ha convencido a la mayoría. 

Lejos de romper ese silencio, no obstante, el presidente aparece ahora tratando de acallar la incómoda información y con ello no contribuye a su defensa.