(Foto: Presidencia)
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Editorial El Comercio

Ayer, durante una presentación en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el presidente Kuczynski agregó un episodio más a su inútil batalla contra ‘los políticos’ como causantes de su apurada situación actual e identificó a una nueva especie de conspiradores contra su continuidad en el cargo: “todos los que escriben [editoriales] y dicen que debo renunciar”. 

Según dijo, tales editorialistas deberían ir con él a Puno, a Tarapoto o a Tumbes “y ver lo que dice la gente ahí”. Un apunte que ignora que, si de ‘ver lo que dice la gente’ se tratase, las encuestas serían un instrumento mucho más útil y estadísticamente revelador que preguntar a quienes van aplaudir a los mandatarios de turno cuando pasan por su localidad. Y, en ese sentido, el último sondeo nacional de El Comercio-Ipsos (publicado hace menos de diez días) indica que un 54% de la población piensa que debería renunciar, mientras un 47% considera que debe continuar. 

La verdad, sin embargo, es que en esta sección, que por lo demás no se cuenta entre las que han reclamado su remoción, no pensamos que la definición de un asunto tan serio deba girar en torno a mayorías o minorías opinando al respecto en un lugar distinto a las ánforas, sino en la determinación de si incurrió o no tiempo atrás en conductas que lo conviertan en un incapaz moral permanente, haciéndolo constitucionalmente pasible de una vacancia a través del voto de 87 congresistas o más. 

En lo que concierne a los políticos, por otra parte, en un probable intento de desanimar a Fuerza Popular de adherirse a la nueva moción que están elaborando el Frente Amplio y Nuevo Perú con ese propósito, esta vez se refirió solo a “un grupo comunista” como el promotor de la iniciativa. Pero lo cierto es que, a través de diversos voceros, el fujimorismo ya anticipó que tiene toda la disposición de sumarse a ella si se centra en los problemas relacionados con Odebrecht y no en las mentiras que antecedieron la concesión del indulto a Alberto Fujimori. Y eso el jefe de Estado lo sabe. 

En el fondo, pues, estamos una vez más frente a su alegato de que se lo está presionando desde el Legislativo (y ahora también la prensa) para dejar la presidencia con “supuestas acusaciones” y “sin fundamento alguno”, y que todo aquello constituye –como anotó hace unos días– “discusiones bizantinas” que le dificultan hacer el trabajo para el que los peruanos lo eligieron.  

El paralelo, no obstante, no es muy preciso. O, por lo menos, no de la forma en la que el presidente lo plantea. En la antigua Bizancio, como se sabe, los representantes de la Iglesia Ortodoxa sostuvieron a lo largo de varios siglos discusiones sobre el sexo de los ángeles o la naturaleza única o doble de Jesús. Y continuaron con tan estéril debate aun mientras los turcos otomanos ponían cerco a la ciudad, que acabaron por tomar en 1453.  

La discusión sobre si los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht mientras era ministro del gobierno de Alejandro Toledo conformaron o no una conducta indebida y eventualmente un delito que amerite su vacancia, empero, no es baladí. Y no solo por las serias consecuencias políticas que podría acarrearle al país, sino por la mala consciencia que sugieren al respecto las falsedades con las que el presidente ha tratado de desentenderse del asunto repetidamente. 

No se puede ignorar, después de todo, que entre noviembre del 2004 y marzo del 2006, mientras él era titular de Economía y Finanzas o primer ministro, su empresa Westfield Capital recibió más de 60 mil dólares de la constructora brasileña por conceptos de reembolsos y comisiones relacionados con el trasvase Olmos, obra encargada por el Gobierno.  

Así, a decir verdad, el único que parece no comprender la gravedad de las noticias que podrían llegarle pronto desde esa cruda Bizancio que funciona en la plaza Bolívar es el presidente mismo.