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Editorial: Los presuntos implicados

El Gobierno no debe permitir que comunidades fuera del área de influencia minera exijan recursos a cambio de no cerrar la vía.

Editorial

Comunidades

El mal manejo de conflictos anteriores es la raíz de los que hoy empiezan a germinar. (Foto: GEC).

Hacer minería no es fácil en ningún lugar del mundo. Para empezar, la actividad es sumamente riesgosa para los inversionistas. Condiciones financieras, geológicas y logísticas determinan que solo uno entre decenas de proyectos con potencial llegue a ponerse en operación. A diferencia de otros sectores, además, los impactos ambientales de la minería pueden ser profundos y deben también manejarse con sumo cuidado. Y, para complicar más el panorama, en lugares como el Perú la minería moderna se desarrolla en ocasiones cerca de comunidades históricamente marginadas, lo que supone un adecuado manejo de expectativas y la superación de retos sociales y económicos adicionales.

En este último punto –el manejo de la potencial conflictividad social alrededor de la minería–, el Estado Peruano parece estar haciendo más por sembrar problemas de largo plazo que por atajar sus causas. La manera en que se viene manejando, por ejemplo, las tensiones en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa parece poco sensata si lo que se quiere es aprovechar la actividad minera para traer desarrollo a las regiones.

Como se sabe, desde octubre del 2016 existen conflictos sobre esta vía que se usa para transportar concentrado de cobre desde la minera Las Bambas, ubicada en Apurímac, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. En ese momento, una comisión de alto nivel, encabezada por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se comprometió a una serie de proyectos por más de S/2.000 millones.

La negociación del Plan de Desarrollo de Cotabambas del 2016 marcó el inicio de una estrategia que, a todas luces, sería inviable para el Gobierno: una en la que, como reacción a mecanismos de presión y al bloqueo ilegal de vías, se priorizaban proyectos en áreas de influencia minera más allá de lo que la repartición de canon y regalías ya garantiza.

Esta estrategia, hoy, se ha salido de control. Paola Bustamante, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció esta semana que el Gobierno destinará S/61 millones para Chumbivilcas, provincia de Cusco que está a más de 50 km en carretera de la operación de Las Bambas, para evitar que bloqueen la vía. La provincia ha pedido, además, un convenio marco con la mina para que esta les transfiera S/100 millones por un período de tres años. En este caso ya no hay reclamos ambientales –que podrían ser legítimos– de por medio. Se trata, simplemente, de aprovechar que los camiones transitan por esa carretera para amenazar con bloquearla.

Si bien una comunidad que ha sido desplazada o afectada de manera directa por un proyecto minero tiene un reclamo válido a ser compensada con inversión social, una provincia alejada de la mina que exige recursos a cambio de no bloquear una vía nacional incurre en algo muy similar, sino idéntico, al chantaje.

Lo que es peor, dado que la estrategia parece funcionar y el Gobierno accede a sus reclamos, vale la pena para otras comunidades, distritos y provincias replicar ese modelo de acción en otros puntos de la carretera. Hoy hay seis frentes de negociación abiertos en ese espacio. Por ejemplo, el distrito de Velille, a 164 km por carretera desde Las Bambas, exige un desembolso de S/50 millones anuales por 50 años, con incremento de 5% cada año. El distrito de Mara solicita ser considerado área de influencia y compensaciones por el polvo, vibraciones y molestias. Mientras tanto, otros centros poblados por donde pasa la carretera esperan los resultados de estas demandas para exigir su parte. El mal manejo de conflictos anteriores es la raíz de los que hoy empiezan a germinar.

El corredor minero en riesgo tiene proyectos pendientes por casi US$18.000 millones, sin contar las minas ya en operación. ¿Qué asegura que las futuras inversiones no tengan que pagar cupos por transitar por cada comunidad, distrito y provincia? En un Estado de derecho, esa es una garantía mínima que ofrece cualquier gobierno. En el Perú, hacemos las cosas de otra manera.

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