Editorial: Promesa de muerte
Editorial: Promesa de muerte

La noche del lunes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski difundió un video desde su cuenta de Facebook en el que abordaba el asunto que ha generado mayor turbulencia para su gobierno desde que iniciara funciones en julio pasado: el ‘negociazo’ que habría buscado su ex consejero en temas de salud, Carlos Moreno, con recursos del Seguro Integral de Salud.

Se trataba de un mensaje bastante esperado, pues habían transcurrido ya varios días desde que se hizo público el caso y no llegaba el reconocimiento por parte del mandatario de su descuido en la elección de Moreno (como lo admitió horas antes en un evento en la Cámara de Comercio de Lima). Entre ambos episodios, además, se produjo la salida de los asesores presidenciales José Labán y Jorge Villacorta, en medio de denuncias de cobros de cupos por integrar la lista de candidatos parlamentarios de Peruanos por el Kambio (PPK) y cuestionamientos a la idoneidad técnica del último de los mencionados. Así, quedó bastante claro para la opinión pública –como, al parecer, finalmente también para el propio mandatario– que era indispensable hacer un mea culpa y una revisión del despacho presidencial y de los colaboradores más cercanos de los ministros de Estado.

Precisamente, en su comunicado, el jefe de Estado adelantó que emprenderían estas acciones de evaluación y reorganización del entorno presidencial y ministerial, las mismas que de haber sido más estrictamente practicadas hace unos meses, seguramente le hubieran ahorrado el mal rato al gobierno y su consiguiente descenso en la aprobación ciudadana. 

Otras medidas anunciadas por el presidente –la creación de la Comisión Presidencial de Integridad y el llamado al Congreso y al Poder Judicial a un Consejo de Estado de lucha contra la corrupción– aciertan en entender que el problema de la corrupción es uno de tal magnitud que requerirá de la voluntad y concurrencia de los otros poderes del Estado, aunque la adopción de acciones concretas como fruto de estas convocatorias quedará por verse.

La propuesta que ha generado mayores reacciones, sin embargo, es el anuncio de que el día de hoy el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley de “muerte civil para los corruptos”, por el cual “quien haya sido sentenciado por casos de corrupción, nunca más podrá volver a trabajar en el Estado”.

Aunque el término ‘muerte civil’ –que hace referencia a una figura más bien anacrónica y que supone el recorte de derechos civiles como el voto o la realización de trámites ante una dependencia pública– es exagerado, la inhabilitación permanente para desarrollar una función pública parece ser una merecida consecuencia para quien se sirve del Estado para obtener beneficios ilícitos, dañando con ello la confianza en las instituciones públicas. Al mismo tiempo, desincentiva la comisión de este tipo de delitos, sin contravenir el principio de resocialización (previsto solo para las penas privativas de la libertad), puesto que al sentenciado por corrupción le asiste el derecho de reinsertarse a la sociedad, mas no el de volver a ocupar un puesto en el aparato estatal que antes defraudó.

El alcance de esta sanción deberá ser cuidadosamente delimitado por el Consejo de Ministros en su propuesta legislativa de modo que el respaldo inicial que han mostrado las bancadas parlamentarias a la iniciativa se mantenga; pero mientras tanto haría bien el Ejecutivo en impedir que personas con este tipo de antecedentes vuelvan a ocupar un alto cargo en su administración.

Pues la eventual aprobación de la ley representará para el presidente Kuczynski el cumplimiento de una promesa electoral, pero el cuidado que en el futuro ponga en seleccionar y vigilar a su entorno será, finalmente, el que respalde su credibilidad en la lucha contra la corrupción.