Editorial: Promesas y más promesas
Editorial: Promesas y más promesas

Hace seis meses dábamos cuenta en este espacio de un informe publicado por la Defensoría del Pueblo acerca del calamitoso estado de la mayoría de las 28 escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese momento se encontró que muchas escuelas tenían dormitorios sobrepoblados; que los servicios higiénicos eran deficientes; que la alimentación que recibían los alumnos no era adecuada; e inclusive, que en algunos casos no había acceso al servicio de agua potable. Ante esta situación el Ministerio del Interior (Mininter) aseguró que existirían 18 proyectos para mejorar o construir centros de formación de suboficiales, y uno para mejorar el centro de formación de oficiales. Lo lamentable es que seis meses después de este informe, esta penosa situación se mantiene sin solución. ¿Por ello, qué podemos esperar de los hombres y mujeres cuyo deber es cuidarnos y protegernos, cuando el Estado es incapaz de darles lo más elemental?

Lo anterior ha quedado evidenciado en las visitas que realizó recientemente este Diario a diversas escuelas de formación policial en el país. En el recorrido se pudo comprobar que, por ejemplo, en la escuela de Tumbes, los alumnos no cuentan con el servicio de agua potable y, como consecuencia, se ven en la obligación de comprar botellas de agua de mesa con sus escasos recursos. Además, las duchas y las llaves de los lavatorios no funcionan y las aguas residuales de la escuela están colmatadas en las pozas de oxidación. Por otro lado, se pudo comprobar que en las escuelas de Sullana y de La Unión existen serias deficiencias en los servicios higiénicos y en las atenciones de salud y que, debido a la falta de espacio, las aulas son al mismo tiempo utilizadas como comedor. En Ica, la situación es alarmante: los alumnos estudian en módulos de madera donados por el Ministerio de Salud que fueran usados en un hospital de campaña durante el terremoto del 2001 y los televisores para las sesiones virtuales tuvieron que comprarse luego de un aporte voluntario por parte de los docentes.

Dada esta crítica situación, nos preguntamos: ¿Por qué, a pesar de que existen recursos para las escuelas, muchas de estas son sostenidas con aportes de gobiernos regionales y locales que no son suficientes?

El problema se vuelve más alarmante si consideramos que no solo las escuelas de formación policial atraviesan por una situación precaria, sino que las comisarías de nuestro país sufren del mismo mal. De esto también es consciente el gobierno; de hecho, el ministro Urresti aseguró en julio que para antes del aniversario de la policía (30 de agosto) las 1.400 comisarías del país estarían refaccionadas. Sin embargo, posteriormente el viceministro de Gestión Institucional, Leoncio Delgado Uribe, anunció, sin razón aparente, que recién en diciembre se terminaría la refacción y sostuvo, además, que se instalarían al menos 4.400 nuevas computadoras para reemplazar las obsoletas. No obstante, a menos de una semana de terminar el año, el estado de las comisarías se mantiene igual de calamitoso (salvo una que otra con una mano de pintura nueva) y todavía no se ha cumplido la promesa de adquirir las miles de computadoras. 

¿Qué está fallando en el Mininter? La única explicación parece ser una incapacidad para ejecutar obras públicas, que queda demostrada con el bajísimo nivel de ejecución del gasto para obras públicas de este sector (solo se ejecutó el 59% de su presupuesto en el 2014). Lo peor de todo, por supuesto, es que esta incapacidad pone en riesgo a los miles de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, que no solo se formarán en ambientes hacinados e insalubres, sino que una vez graduados se enfrentarán a la misma problemática en sus centros de labores.   

Si el gobierno, en fin, quiere que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo de manera eficiente y motivada y combatir así la creciente delincuencia, no puede seguir dejándola desamparada. Los anuncios realizados por sus autoridades ya no pueden estar sujetos a más postergaciones. El Estado tiene una larga deuda con la PNP. Es hora de pasar de las promesas a la acción.