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Editorial: En su propia red

El proyecto del congresista Clayton Galván para sancionar con cárcel la difamación en redes sociales es absurdo y peligroso.

Editorial

Congresistas renunciantes a Fuerza Popular

"Por lo descabellado del planteamiento que entraña, lo más probable es que el proyecto que nos ocupa termine archivado". (Foto: GEC)

El congresista Clayton Galván, de las filas de Cambio 21, tiene ideas peculiares acerca de la práctica del periodismo y la libertad de expresión que reiteradamente trata de plasmar en leyes. En junio del año pasado, por ejemplo, presentó un proyecto legislativo para establecer como requisito obligatorio para quienes quisieran ejercer el referido oficio el haberse graduado en la carrera de Ciencias de la Comunicación y estar colegiados: una restricción cuya naturaleza abusiva e inútil fue puesta inmediatamente de manifiesto dentro y fuera del Parlamento, con la previsible consecuencia de que el proyecto fue retirado tres días después.

Dentro de ese mismo espíritu, el legislador Galván ha presentado ahora una iniciativa que busca “regular, como forma agravada del delito de difamación, la utilización indebida de redes sociales para atribuir a una persona un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar sus derechos fundamentales al honor y buena reputación”. En concreto, su propuesta plantea modificar el tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal de manera que incluya una referencia expresa a las redes como medio de comunicación social e incremente la pena privativa de la libertad actualmente establecida (aparte de los treinta a ciento veinte días-multa también mencionados en el artículo) para quienes incurran en el delito de difamación a través de cualquiera de esos medios. En el texto vigente, tal pena es no menor de uno ni mayor de tres años; y en el proyecto del congresista Galván, no menor de cuatro ni menor de siete años. Es decir, estaríamos hablando de prisión efectiva en todos los casos.

Por tautológica –es evidente que las redes sociales son un medio de comunicación social–, la primera de las modificaciones propuestas deviene absurda. Pero el auténtico peligro anida en la segunda. Pretender que se castigue con cárcel a todos los que, por medio de las redes, atribuyan al prójimo circunstancia o hecho alguno que pueda perjudicar su reputación, no solo amenaza con quintuplicar el hacinamiento que ya existe en los penales del país, sino que también apunta en la dirección contraria a la tendencia mundial de limitar la sanción a la difamación a una reparación civil. Esto porque se entiende que el potencial encierro es una permanente espada de Damocles sobre las libertades de expresión y de prensa.

De hecho, en la exposición de motivos que acompaña la iniciativa, si bien recuerda que la libertad de expresión es un derecho de las personas a, entre otras cosas, opinar y divulgar información a través de algún medio de comunicación sin censura, el parlamentario Galván afirma que cuando esta “se ejerce irresponsablemente, pasa de ser un derecho y se convierte en un delito [sic]”. Una contradicción que luego no se ocupa de resolver.

Vamos, es claro que el derecho a no ser ofendido públicamente es fundamental y debe estar protegido por la ley. Pero la verdad es que ya goza de esa protección en nuestra legislación y los intentos por añadirle a su definición precisiones innecesarias y extender la punición que puede corresponderle lucen, en el fondo, como ensayos de instaurar una atmósfera de temor y autocensura sobre todo entre quienes quisieran divulgar información negativa acerca de personajes públicos. Un instrumento que, como se sabe, es particularmente útil para la fiscalización de políticos y autoridades.

Por lo descabellado del planteamiento que entraña, lo más probable es que el proyecto que nos ocupa termine archivado. Pero las reacciones que está provocando en el camino deberían servirle al legislador Galván como motivo de reflexión sobre las posibilidades que existen de dañar a veces la propia reputación con iniciativas ociosas, cuando no potencialmente lesivas a uno de los derechos esenciales del orden constitucional y la democracia. En resguardo de su propia imagen, tal vez debería considerar retirarlo él mismo.

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