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Editorial: Pulpín -2.0

El proyecto de ley para que el Estado pague Essalud a los jóvenes demuestra la inoperancia del sistema político para la reforma laboral.

Editorial

Pulpín

Mediante un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo de este año, el Ejecutivo busca subsidiar el aporte a Essalud de trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años. (Foto: Archivo El Comercio)

Mediante un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo de este año, el Ejecutivo busca subsidiar el aporte a Essalud de trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años. (Foto: Archivo El Comercio)

Mediante un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo de este año, el Ejecutivo busca subsidiar el aporte a Essalud de trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años. (Foto: Archivo El Comercio)

Después de la reforma del sistema de justicia, quizá sea la reforma del mercado laboral la más urgente de las que tienen el Gobierno y el Congreso por delante. El dinamismo del mercado es anémico. Después de crecer a tasas anuales por encima del 5% en el 2011, el empleo urbano en empresas de 10 a más trabajadores –indicador asociado a empleo de calidad– ha pasado a crecer menos de 1% desde inicios del 2016. En consecuencia, el año pasado la generación de empleo formal fue de apenas poco más de 100 mil trabajadores (y la mitad de ellos en el sector público), mientras que cada año ingresan a la PEA casi 300 mil jóvenes.

Buena parte de la responsabilidad de este increíble deterioro la tiene la parálisis política en la que ha caído nuestro sistema. Ni el Ejecutivo tiene la fuerza o la voluntad para sacudirlo, ni la oposición tiene los incentivos. Y en este marco, el proyecto de Ley N° 1104 del Gobierno para promover la contratación formal de los jóvenes constituye un gran ejemplo del equilibrio imposible en que nos encontramos.

Como se sabe, el proyecto en cuestión –desde hace varios meses en el Congreso– apunta a que el Estado cubra el gasto en Essalud que pagan los empleadores para aquellos trabajadores menores a 29 años, sujeto a ciertas condiciones. Aun siguiendo los optimistas estimados de impacto de la norma que calcula el Ejecutivo (50 mil nuevos empleos para jóvenes por año), la iniciativa resulta muy poco ambiciosa. En un contexto de altos sobrecostos laborales, baja productividad, barreras burocráticas y regulatorias, alto salario mínimo, serias limitaciones judiciales para separar trabajadores poco productivos y discrecionalidad de la Sunat y Sunafil, bajar los costos de Essalud para un grupo reducido de trabajadores equivale a tratar de levantarse a uno mismo tirándose de los pasadores.

Y quizá más lamentable aun sea que, si nos atenemos a lo anunciado en el último discurso presidencial, la verdad es que el Gobierno no parece tener otro plan de acción concreto para el mercado laboral que ese.

Pero no todo es responsabilidad del Gobierno. El Congreso, y sobre todo la izquierda, han hecho sentir que ni siquiera una iniciativa tan inocua como esta para reformar el mercado laboral será permitida. Incomprensiblemente, sectores del Frente Amplio –partido que hoy dirige la Comisión de Trabajo a través del congresista sindicalista Justiniano Apaza– han apodado al proyecto para que el Estado pague los costos de Essalud la ‘ley pulpín 2.0’, en referencia a la iniciativa del anterior gobierno que flexibilizaba el régimen laboral, bajaba los costos de la contratación de jóvenes y, sin embargo, resultó muy impopular entre diversos colectivos. El nivel de manipulación que en este caso ha impulsado la izquierda es alarmante: no solo se insiste en la oposición a una norma que en esencia era positiva –la derogada ‘ley pulpín’–, sino que se utiliza el antagonismo que esta generó para desprestigiar un proyecto de ley que no reduce prerrogativa alguna para los jóvenes, generando adrede confusión y desinformación entre la población.

El mensaje es claro: cualquier propuesta de reforma laboral enviada al Congreso será usada políticamente para ganar puntos y desprestigiar al Gobierno, incluso aquellas que no limitan ningún privilegio de los que la exigua población formal ya goza. Iniciativas laborales más integrales y osadas serán repelidas con mucho mayor fuerza, así que el cálculo político indica que será mejor abstenerse de ellas. Con lo cual, los mayores perdedores serán los jóvenes trabajadores que continuarán en la informalidad.

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