El juez Raúl Jesús Vega ha programado para el próximo lunes la lectura de la sentencia en la querella por difamación que el dos veces candidato presidencial César Acuña interpuso contra el periodista Christopher Acosta y el director general de Penguin Random House Perú, Jerónimo Pimentel (así como contra esa empresa como tercero civilmente responsable), por la publicación el año pasado del libro “Plata como cancha”. Según ha advertido el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el hecho de que el magistrado haya aludido específicamente al artículo 285 B del Código de Procedimientos Penales –que, entre otros, regula el trámite para la lectura de sentencias condenatorias– en la citación que envió a Acosta permite especular con el sentido final de su decisión.
De ser cierto, estaríamos frente a una resolución lamentable, pues el golpe que desde el Poder Judicial se encajaría al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión en el Perú sentaría un nefasto precedente.
“Plata como cancha”, como sabemos, traza un perfil del exgobernador regional de La Libertad en base a documentos (fiscales, judiciales, congresales, etc.), testimonios de personas sobre el político e investigaciones periodísticas previas del autor que, vistas en su conjunto, construyen una versión de César Acuña desconocida hasta antes de la difusión del libro. Entre sus páginas, por ejemplo, se cuenta que el también empresario se ha acostumbrado a sortear las causas legales que se le han abierto a lo largo de los años gracias a acuerdos por los que ha tenido que desembolsar sustanciosos montos o que al menos tres personas declararon ante sendas comisiones investigadoras del Congreso que vieron al entonces congresista a inicios del siglo en la ‘salita del SIN’, donde Vladimiro Montesinos compraba parlamentarios de la oposición con nutridos fajos de billetes.
Acuña, por su parte, ha afirmado en entrevista con este Diario que, a pesar de que reconoce no haber leído el libro, su abogado le ha dicho que “hay más de 102 frases que tienen que explicarse en el Poder Judicial”. También dijo en su momento que no denunciaría a Acosta; tal y como terminó haciendo.
El problema para el señor Acuña es que, si la investigación de Acosta ya de por sí lo dejaba muy mal parado, su reacción ante la misma solo ha servido para agravar su situación. En un primer momento, como recordamos, el político acudió al Indecopi para detener la difusión del libro alegando que su título, “Plata como cancha”, era una frase suya que no podía ser utilizada sin su permiso. El pedido, como era lógico, fue declarado infundado, pero los alegatos que, según la resolución del Indecopi, usó el excongresista para tratar de silenciar el libro (adujo, por ejemplo, que la frase en cuestión está tan vinculada a él que, “cuando es escuchada por el público, es asociada directamente con su persona”, o que esta “se encuentra debidamente posicionada en el mercado, gozando de reputación gracias a su esfuerzo”) lo pintaron de cuerpo entero.
Al poco tiempo, Acuña volvió a la carga querellando al periodista, al director de la editorial y a la editorial misma, solicitando además una indemnización de S/100 millones; un monto tan disparatadamente elevado que no puede ser leído como otra cosa que un intento de amedrentamiento a los denunciados. Una reacción bastante preocupante viniendo de quien ha desempeñado cargos importantes en el Estado, goza de una nada desdeñable cuota de poder (su partido cuenta con 15 parlamentarios, además de varias autoridades subnacionales) y no esconde sus intenciones de llegar a ser presidente en algún momento.
Hay que decirle al señor Acuña, sin embargo, que ningún político que se precie de respetar la democracia y sus cimientos emprende una ofensiva contra una investigación periodística bajo argumentos tan deficientes. Que, respondiendo a la interrogante que abre este editorial, a quienes han buscado o buscan acallar a la prensa en todo el mundo no les calza el adjetivo de demócratas. Y que, en fin, lo único que ha quedado claro de su reacción a “Plata como cancha” es que, de llegar al Gobierno, la libertad de expresión, un derecho fundamental para todos los que anhelamos vivir en democracia, correría un serio peligro.