Módulos Temas Día

Editorial: Como quien no quiere la cosa

El gobierno de PPK continúa demostrando poca voluntad en la lucha anticorrupción.

Editorial

PPK

PPK

El proyecto de ley del Ejecutivo para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura ignora la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad y el propio plan de gobierno de PPK.

Archivo El Comercio

Cualquiera pensaría que un país que hoy en día identifica la corrupción como su principal problema, y que cuenta con un presidente cuyo plan de gobierno era reconocido por ser uno de los más serios en plantear mejoras en el sistema de justicia y el combate a la corrupción, tendría a su mandatario encabezando las urgentes y necesarias reformas institucionales. Pues cualquiera se equivocaría.

El Perú se encuentra en el puesto 101 (de un total de 176) de los países con mayor percepción de corrupción en el mundo, según Transparencia Internacional. Ocupa el lugar 106 (de 138) en lo que refiere a la solidez de sus instituciones, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. El 48% de peruanos cree que el combate a la corrupción está peor que el año pasado. Y, sin embargo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski parece no haberse dado por enterado acerca del gran problema que tiene entre manos.

Cabe recordar, además, que a los pocos meses de comenzado su mandato, la administración de Peruanos por el Kambio se vio envuelta en un escándalo de corrupción, a raíz de la divulgación de los audios del ‘negociazo’ que el ex asesor presidencial Carlos Moreno pretendía conseguir a costa del presupuesto estatal reservado para la salud de los peruanos. Y que ello motivó, en su oportunidad, la creación de una Comisión Presidencial de Integridad (CPI), compuesta por reconocidos personajes de la sociedad civil, que al cabo de unos meses presentó un informe con varias propuestas de reformas.

La gran mayoría de estas iniciativas, sin embargo, no fueron recogidas en los decretos legislativos que emitió el Gobierno. Tampoco se convirtieron en proyectos de ley que pudieran ser debatidos y aprobados en el Congreso, lo que hubiera dado oportunidad a que el Ejecutivo y el Legislativo compartieran una agenda común en un asunto que les hubiera generado réditos a ambos poderes del Estado.

Precisamente, una de las propuestas de la CPI (aquella que sugería que la mitad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fuera elegido por un concurso de méritos) fue insólitamente ignorada por Kuczynski, cuando este último 28 de julio presentó un proyecto de reforma constitucional para cambiar la composición del organismo encargado de nombrar y ratificar jueces y fiscales y hacer que, prácticamente, la mitad de sus integrantes fueran designados por dos poderes políticos: el Ejecutivo y el Parlamento.

Como era previsible, ello despertó los reproches de diversos sectores de la sociedad civil (incluyendo a los presidentes de Proética y Transparencia Internacional) y también del Estado (tanto del Consejo Nacional de la Magistratura, como del Poder Judicial y el Ministerio Público). En una reciente entrevista con este Diario, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, cuestionó la ausencia de un pronunciamiento claro en el discurso presidencial de Fiestas Patrias, y más bien propuso: “El presidente tiene que liderar la lucha contra la corrupción”.

El retruque de PPK, atiborrado de frases del tipo “podemos revisar todo”, “todo eso se puede cambiar, es simplemente para poner en la cancha la discusión” e “hicimos esa propuesta porque queremos lanzar al ruedo la idea de una reforma”, como quien no quiere la cosa, da la impresión de que no hay un norte claro al cual apunte el gobierno en este tema. Y que el plan de gobierno como el informe de la CPI no pasaron de ser papeles de muestra, antes que muestras de preparación y convencimiento.

Se estima que solo el Caso Odebrecht le costó al Perú un punto de crecimiento del PBI de este año, pero los costos de la corrupción son mucho mayores. Afecta el clima de negocios, desincentiva la competencia, genera despilfarro de dinero en obras de mala calidad o innecesarias, y quita oportunidades a los más pobres. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un país con problemas de corrupción podría incrementar la inversión privada en 5% si fortalece su marco institucional. En ese sentido, la necesidad de reactivar la economía le suma sentido de urgencia a la lucha anticorrupción. Si el PPK político no lo ha visto así hasta ahora, tal vez el PPK economista pueda apreciarlo mejor.

Leer comentarios ()

Hoy en portada

Subir
Fotogalerías