Editorial: Ni retrasos ni adivinanzas

Por razones obvias, la velocidad con la que avanzan las investigaciones en un sistema de justicia serio y confiable es diferente de la velocidad que piden la ciudadanía y el sistema político frente a supuestos hechos de corrupción. Mientras que en el primer caso se debe proceder con mesura y rigor respetando el debido proceso y cuanta disposición legal pertinente haya en el camino, en el segundo se impone a veces el pedido de sanción rápida y condena apresurada. Así, un sistema de justicia ‘express’ difícilmente pueda considerarse un sistema de justicia en absoluto. 

El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, sin embargo, está explorando diligentemente los límites de la reflexión anterior. Como reveló en una entrevista en el diario “Gestión” la semana pasada Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez –quienes entrevistarán esta semana a Jorge Barata en Sao Paulo– preguntarán al ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú sobre “casos concretos: el caso del financiamiento al Partido Nacionalista, que implica a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, y el financiamiento de Fuerza Popular respecto a las anotaciones de Marcelo Odebrecht”. 

Las 104 preguntas que traen los fiscales peruanos contienen la notoria exclusión de temas directamente relacionados a los vínculos que el presidente Kuczynski o el ex presidente García habrían tenido con la empresa brasileña. En caso de que el señor Barata haga mención de manera indirecta a tratos con el presidente Kuczynski o el ex presidente García, los fiscales podrían repreguntar para aclarar el punto. Sin embargo, se trata de fiscales de lavado de activos que persiguen primordialmente información de otra naturaleza y para otros investigados. 

Al respecto, la estrategia del equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, está lejos de quedar clara. Si bien cada fiscalía es libre de perseguir de forma independiente el mejor curso de acción para su investigación, el retraso y la secuencia de pesquisas determinada por el fiscal Castro merecen una explicación más sólida que la brindada hasta el momento. 

La situación política, huelga decirlo, es delicada y no debe ser extendida más tiempo del estrictamente necesario. Miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso han adelantado que el mandatario recibirá esta semana una “última invitación” del grupo de trabajo –una suerte de “ultimátum”, según refirió el congresista Mauricio Mulder– para responder a las preguntas de la comisión. Mientras tanto, el pedido de vacancia sigue su curso entre bancadas que esperan las respuestas del señor Barata y los índices de aprobación del presidente llegan a niveles preocupantes. 

Así, por el momento, la estrategia de la fiscalía especializada mantiene al país en una situación de profunda incertidumbre política que ya lleva meses. Es cierto que la prioridad del Ministerio Público es investigar y defender la ley usando los canales institucionales correspondientes al margen de criterios políticos que puedan presionar por mayor celeridad, pero la actual coyuntura exige cuanto menos la comunicación de los lineamientos básicos que se siguen en la investigación. El país hoy no está para más retrasos y adivinanzas.