Editorial: Reflejos naranja

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, decidió no asistir ayer a la reunión del Consejo de Estado convocada el lunes por el presidente Kuczynski, en el contexto de las medidas que este anunció para impulsar la lucha contra la corrupción desde el gobierno.

Como se sabe, en tales reuniones se deben supuestamente dar cita los máximos representantes de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– para discutir sobre problemas que afecten al país en una dimensión que exceda el campo de acción de cada uno de ellos, y eventualmente adoptar acuerdos al respecto. Y si bien se trata de citas que no están mencionadas en la Constitución o en nuestro ordenamiento jurídico en general, no existe tampoco disposición alguna que las prohíba; y de hecho, el sentido común ha provocado que se produzcan en más de una ocasión durante los últimos quince años.

Salgado, sin embargo, se valió de ese argumento de naturaleza legal y de la consideración de que la reunión convocada obedecía  “a una coyuntura política” para justificar su ausencia. “Las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se enmarcan en el ámbito de lo establecido en el Capítulo VI de nuestra Carta Magna y en el marco de las discusiones de las políticas de Gobierno en el Parlamento Nacional”, escribió en una carta dirigida el 20 de octubre al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en la que le comunicaba que no acudiría.

En realidad, días antes, ella ya había anticipado a la prensa su escepticismo ante este tipo de invitaciones y su poca disposición a acoger la que le había sido cursada en este caso. “De esas reuniones no tenemos ningún resultado”, dijo en referencia a las ocasiones en que los ex presidentes Toledo y Humala convocaron al Consejo de Estado. Y luego agregó: “Yo creo que, más que reuniones, deberíamos estar poniéndonos de acuerdo en qué agenda cumple el Ejecutivo y qué agenda le toca cumplir al Congreso de la República”.

No le faltaba razón, por cierto, en la observación de que, en lo que concierne al problema que ahora se busca solucionar, la pelota se encuentra fundamentalmente en la cancha del Ejecutivo, así como en la consideración de que la reunión del referido consejo parecería buscar, antes que nada, la proyección de una imagen de reacción a la crisis provocada por el ‘affaire’ Moreno (para diluir quizá la responsabilidad de una torpeza de la que tienen que hacerse fundamentalmente cargo en Palacio).

Pero si, como advertía la propia Salgado, era importante definir los roles que el Ejecutivo y el Legislativo pudieran asumir –desde sus respectivos ámbitos– en la lucha contra la corrupción, la oportunidad ideal para dicho discernimiento era precisamente aquella que la presidenta del Legislativo acaba de desperdiciar. Además, en tanto titular del Parlamento y representante de los legisladores de todas las fuerzas políticas allí presentes, es evidente que no podía negar su concurso. Aunque solo fuera como gesto, la señal de que los tres poderes del Estado se concertaban para combatir la corrupción en el país constituía un mensaje enérgico frente a la ciudadanía del que ella no debió sustraerse.

Queda la impresión, en ese sentido, de que Salgado prefirió al final alinearse con la crítica que Fuerza Popular le ha hecho en esta coyuntura al oficialismo y obtener el ‘millaje’ político que se desprende de ello. Como se sabe, lo que el fujimorismo le ha enrostrado en estos días a la administración Kuczynski es la improvisación que revela el hecho de que solo ahora se pongan a pensar en lo que se puede hacer con respecto a un mal tan grave, a despecho de lo que prometía su oferta electoral.

No puede ser casualidad, desde luego, que en menos de una semana los dos voceros de la bancada naranja, Luis Galarreta y Lourdes Alcorta, y la congresista Cecilia Chacón hayan coincidido en subrayar que toda esta situación demuestra que Peruanos por el Kambio nunca tuvo el “equipo de lujo” ni el plan de gobierno elaborado de los que presumía.

Una posición legítima sin duda, pero que, habida cuenta de los compromisos y responsabilidades que asumió al convertirse en la presidenta del Legislativo, no era la que le correspondía asumir a la señora Salgado en esta circunstancia.