Editorial: Reflexiones que sobran

Tras una semana agitada, en la que tanto la legitimidad de Pedro Chávarry como la del Ministerio Público (MP) se han visto seriamente dañadas, se esperaba que ayer, después de una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, el fiscal de la Nación anunciara su inexorable renuncia al cargo. No obstante, culminada la reunión y luego de que los presentes le recomendaran dar un paso al costado, no lo hizo y se limitó a decir, según el fiscal supremo Tomás Gálvez, que “va a reflexionar y que en los próximos días estará brindando una respuesta sobre su posición”.

Evidencias de la referida reflexión, empero, no demoraron en aparecer, aunque no en la forma de una acción concreta pues, poco después, desde su cuenta de Twitter y con la misma ambigüedad, el señor Chávarry aseveró que “la defensa de la autonomía e institucionalidad del MP es prioritaria para sus miembros” y que tomará “las decisiones que sean acorde a lo que ello exige”. Cerró diciendo: “Las personas pasamos, las instituciones quedan”.

No cabe duda, ante el apremio de las circunstancias, que la actitud ‘contemplativa’ del fiscal de la Nación resulta incomprensible y sobra en una coyuntura en la que su permanencia entraña un serio perjuicio a la institución que se ufana de defender. Y es que hoy el señor Chávarry no solo sufre el rechazo de un grupo importante de la ciudadanía, sino también el abandono de sus pares –los cuatro miembros de la Junta de Fiscales Supremos han pedido que evalúe su permanencia– y el desamparo de ciertos grupos políticos que antaño se habían preocupado por escudarlo –la célula parlamentaria aprista ha pedido su renuncia y la lideresa de Fuerza Popular ha apoyado la iniciativa del Ejecutivo de declarar el Ministerio Público en emergencia–.

Esta soledad claramente deviene en un efecto lesivo para el Ministerio Público, el cual empeora si sumamos a la ecuación las acciones que lo han llevado a este trance y que hacen aún más inenarrable su anunciada reflexión. Nos referimos, por ejemplo, a las marchas y contramarchas con respecto a la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato. Estas han demostrado, por un lado, lo frágil de su liderazgo y, por otro, su pérdida de autoridad en la institución que preside –los fiscales que había asignado para suceder a los removidos, se rehusaron a asumir los cargos encomendados–.

Si a esto, además, le agregamos las mentiras pronunciadas sobre su relación con Hinostroza, sus notas adulteradas para ser ratificado como fiscal supremo, su inclusión en la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto y toda la serie de cuestionamientos que hemos abordado en estas páginas, ya no queda espacio para más deliberaciones. ¿Acaso no ha reparado el señor Chávarry en el daño que le hace a nuestro sistema de administración de justicia y, así, a la institucionalidad del país?

Así las cosas, solo nos resta quedarnos con una de las frases que emitió ayer: “Las personas pasamos, las instituciones quedan”. Sería harto conveniente que el fiscal de la Nación se tome la palabra en ese sentido y se apresure en llegar a una decisión definitiva, en lugar de perderse en meditaciones propias que postergan un desenlace en detrimento de la credibilidad del Ministerio Público. En una época en la que nuestros representantes políticos están viéndose obligados a enfrentar a la justicia, mantener la legitimidad de todos los entes encargados de impartirla es fundamental, especialmente si lo que se busca es garantizar la lucha efectiva contra la corrupción.