Editorial: La reforma en limpio

El mensaje que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, divulgó la semana pasada a través de las redes sociales ha puesto en evidencia que el pulseo entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria acerca de quién capitalizará ante la ciudadanía el proceso de reformas políticas puesto en marcha en el discurso presidencial de Fiestas Patrias está lejos de haber concluido.

Más allá de las divergencias que pudieran existir con respecto a tal o cual aspecto técnico de los cambios que se quieren introducir a la forma en la que se accede a la representación popular y se la ejerce, es obvio que existe una disputa entre el Gobierno y el fujimorismo por establecer cuál de los dos determina la agenda –temas a discutir y cronogramas– y, por lo tanto, acaba apareciendo ante los futuros votantes como quien domina la coyuntura que estamos atravesando.

En medio de la polvareda que esa contienda levanta, sin embargo, algunos elementos van quedando claros, ya sea porque se deja de discutir sobre ellos o porque una de las dos partes consiente en que su posición inicial no tiene cómo sostenerse hasta el final. Así, todo parece indicar que, por un lado, el Ejecutivo no insistirá en la intangibilidad esencial de los proyectos que ha enviado al Congreso; y por otro, Fuerza Popular y otras bancadas minoritarias aceptarán que el diseño de las reformas esté listo para ser sometido a referéndum en diciembre.

Sea como fuere, sería ideal que esas dos consideraciones fueran admitidas de forma explícita para poder pasar a un segundo momento fundamental en el proceso: el de la discusión, sin prisa pero sin pausa, de aquellos aspectos de la reforma política que desde fuera de la confrontación han sido señalados ya como problemáticos. Concretamente, la iniciativa para prohibir la reelección congresal inmediata, la restricción del número de parlamentarios a 130 aun cuando se restablezca la bicameralidad, y la confusa distribución del territorio nacional en macro y microdistritos para la elección de senadores y diputados, respectivamente.

En lo que concierne a la iniciativa para impedir la reelección congresal inmediata, conviene recordar que, si bien es popular (76% se manifestó a favor de ella en la última encuesta de El Comercio-Ipsos), no es razonable. Esto porque supone prescindir de la experiencia de quienes han desarrollado ya por lo menos una vez la labor legislativa y, presumiblemente, han sido colocados de nuevo en el Parlamento por votantes mínimamente satisfechos por su desempeño previo. Además, ni siquiera está enderezada a enfrentar un problema prominente, pues el porcentaje de parlamentarios reelegidos no ha sido nunca en nuestro país demasiado alto y en los comicios del 2016 no llegó ni al 27%.

En cuanto al número de legisladores en el escenario de una eventual bicameralidad, se ha puntualizado también que el pie forzado de que sean 130 (100 diputados y 30 senadores) sugiere más un prurito por coincidir con el humor popular –contrario a que se gaste más dinero público en aquellos a quienes ven como una casta privilegiada de políticos– que un serio intento de dotar a los ciudadanos de una representación proporcional y adecuada.

¿Cuál es la relación que debe existir entre número de electores y número de elegidos? O, en otras palabras, ¿cuál es el máximo de ciudadanos que debería estar representado por un diputado o senador? Esa es la pregunta que deben responder los diseñadores de la reforma. Actualmente, en el Perú tenemos aproximadamente un representante por cada 240 mil habitantes, cuando la media en Sudamérica es casi de uno por 138 mil. Y si consideramos que en 1992 nuestro Congreso estaba integrado por 240 representantes (180 diputados y 60 senadores), se hace evidente lo ‘subrepresentada’ que tiene que estar con 130 parlamentarios una población que desde entonces ha crecido vertiginosamente y lo seguirá haciendo.

Los micro y macrodistritos, finalmente, son casi un arcano indescifrable. Supuestamente 50 grupos poblacionales, aún no definidos, elegirían cada uno a dos diputados. Y en lo que toca al Senado, la iniciativa del Ejecutivo ni siquiera establece una cantidad específica de macrodistritos. Una fórmula, en general, demasiado incierta, que habla de una voluntad de ganar la mano y la iniciativa, antes que introducir una reforma fundamentada en razones claras y distintas.

Los puntos de los proyectos alcanzados al Congreso que hace falta pasar en limpio son, desde luego, bastantes más. Pero empezar por estos tres daría una muy buena señal a la ciudadanía que todavía ve el proceso con una mezcla de optimismo, curiosidad y recelo.