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Editorial: Reformar la reforma

Hay muchos aspectos aún por cambiar para mejorar la educación básica regular en el país.

Editorial: Reformar la reforma

Editorial: Reformar la reforma

Al tomar juramento a la nueva ministra de Educación, Marilú Martens, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, exclamó: “La reforma sigue, la democracia sigue”. Minutos más tarde, en conferencia de prensa, el primer ministro, Fernando Zavala, remarcó: “La reforma en la educación que se inició continúa, la reforma continúa intacta y estamos en la ruta correcta”. 

La gestión del ex ministro Jaime Saavedra, sin duda, exhibe logros importantes en lo que se refiere a la educación pública, los cuales vienen manifestándose en aspectos como la mejora de los niveles de comprensión lectora y conocimiento de matemáticas y ciencias de los escolares –como muestran los resultados de la prueba PISA, la Evaluación Censal de Estudiantes y el estudio Terce de la Unesco–, así como el nombramiento e incrementos salariales de docentes en base a evaluaciones objetivas. Se trata de reformas que deben continuar y profundizarse. Sin embargo, mal haría la nueva titular de Educación en dejar “intacta” la reforma en marcha, pues hay muchas cosas por corregir en las normativas ya vigentes (incluyendo la Ley Universitaria y la avalancha de requisitos de cuestionable utilidad que exige la Sunedu), así como por cambiar en lo que refiere a la educación básica regular.

De hecho, existen hoy una serie de regulaciones y trabas que asfixian a los promotores de nidos y colegios privados, y que en algunos casos también afectan a los colegios públicos, restándoles tiempo y recursos valiosos que debieran estar dedicados al desarrollo de competencias de los niños y a fomentar la innovación. 

Ahí está por ejemplo la consagración de la estrategia del ‘perro muerto’ en la que incurren algunos padres gracias a la prohibición legal de que los colegios privados puedan hacer valer sus derechos y exigir –a través de la suspensión de la prestación del servicio– el cobro de las pensiones escolares, sino hasta la matrícula del año siguiente. Una restricción de hasta doce meses sin poder cobrar por el servicio que prestan los colegios, que no existe ni siquiera en servicios públicos como luz y agua, en los que tras algunos meses impagos, puede suspenderse su provisión. 

Otra restricción proviene del marco regulatorio aplicable a la infraestructura escolar y cuyo efecto es el de trabar la construcción, remodelación y ampliación de los colegios. El Ministerio de Educación ha aprobado estándares de construcción pensados para otras realidades y que difícilmente podrán ser cumplidos por muchos colegios o nidos habilitados en inmuebles que antes se utilizaban como residencias familiares, a los que este tipo de normas aleja de la formalidad. Muchas municipalidades, que se oponen a la proliferación de colegios en sus distritos, son responsables de varios de los obstáculos para la apertura de nuevos centros educativos o la remodelación o ampliación de los ya existentes, según denuncia la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa). 

La prohibición para que los colegios públicos y privados realicen evaluaciones en los procesos de admisión a inicial y primer grado de primaria es otro punto importante en la larga lista de regulaciones y trabas que debieran revisarse. Aunque el objetivo de no someter a estrés a los niños y promover una mayor igualdad de oportunidades es bienintencionado, las restricciones de cupos hacen que inevitablemente tengan que establecerse algunos criterios para priorizar unas postulaciones sobre otras. Y en ausencia de evaluaciones de ingreso, factores como la historia familiar en el colegio o los vínculos amicales terminan restando oportunidades a muchos niños.

Las restricciones mencionadas impactan los costos de los colegios, la calidad de sus servicios y, en algunos casos, alejan a los colegios de menores recursos de la formalidad. No se trata, por supuesto, de no procurar la búsqueda de una educación de calidad, sino más bien de promoverla a través de normas que realmente permitan conseguir dicho objetivo, y dando suficiente libertad organizativa y de innovación a los centros educativos. 

Por ello, pensar en la reforma educativa como una figura intangible puede tener el mismo efecto que tendría mantener las mismas prácticas y estrategias pedagógicas de hace 20 años: el estancamiento.

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