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Editorial: Agua que no has de pagar

El desperdicio de agua en Lima se debe, entre otras cosas, a su bajo precio.

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Según Sedapal, el consumo promedio diario de agua potable de la población de treinta distritos de Lima y el Callao supera el parámetro recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Foto: Archivo El Comercio)

No se ha escuchado hasta ahora que sea necesaria una campaña de concientización para que la población deje de desperdiciar el gas o la leche que compra. Y no son necesarias porque las familias, al pagar por los productos lo que valen, hacen un esfuerzo por darles el mejor uso posible. Nadie bota lo que le ha costado dinero.

La situación es algo distinta cuando se trata del agua residencial. Hace unas semanas, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) –entidad que regula y fiscaliza a las empresas de saneamiento a nivel nacional–, lanzó su campaña #YoCuidoElAgua, cuya finalidad es sensibilizar a la ciudadanía sobre el consumo responsable de agua potable. Al mismo tiempo, por la prensa han circulado diversas notas respecto del sobreúso del agua en algunos distritos –San Isidro y Miraflores, por ejemplo, tendrían niveles de consumo que superan en 300% lo recomendado por la OMS, según Sedapal–.  

El motivo principal por el que en el caso del agua se hace necesaria una campaña de concientización, y en los anteriores no, es que –al no determinarse su precio a través de oferta y demanda sino a través de un regulador– el agua sigue resultando relativamente barata para los que tienen la suerte de tener una conexión al sistema público y, por tanto, cuesta poco desperdiciarla. Mientras estas condiciones de precios se mantengan, es muy probable que los esfuerzos de la bienintencionada campaña de la Sunass no sean suficientes.

Como sabe cualquier alumno de economía, el precio de los bienes debe reflejar su escasez. La regulación del precio del agua es compleja, pero esa máxima se mantiene. Sin embargo, y a pesar de que Lima y otras ciudades de la costa se ubican en buena cuenta sobre áreas desérticas y de estrés hídrico, según la última información disponible de la Sunass, capitales de otros países de la región –como Santiago y Bogotá– presentaban precios promedio de metro cúbico sustancialmente mayores a los de la capital nacional. El resultado es el desperdicio que se ve hoy. 

Para ser justos, es cierto que el precio por metro cúbico se incrementó durante el 2017, de S/2,36 a S/2,83, para el 67% de usuarios residenciales de Lima y Callao. No obstante, la tarifa aún es subsidiada. De acuerdo con Sunass, el costo medio de brindar el servicio es de S/3,66 por metro cúbico. 

Abonando al problema está también el extendido uso de agua no facturada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (Anepssa), este alcanza el 38% del consumo total de agua. Las conexiones clandestinas y el robo de agua son práctica común. Con tarifas bajas, perdiendo casi el 40% de su producción, y con gestiones públicas deficientes, es poco sorprendente que las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS) no hayan podido expandir y mejorar su red de servicios. 

La brecha de infraestructura por cerrar asciende a varios miles de millones de soles. La consecuencia final del desperdicio y la falta de financiamiento es que hoy las familias más pobres pagan hasta diez veces el precio por metro cúbico que pagan las familias con conexión a la red. Con el camión-cisterna llegan además complicaciones a la salud que responden a la falta de agua potable limpia y alcantarillado. 

Con el fin de mejorar el servicio, desde estas páginas hemos argumentado consistentemente a favor de dotar de mecanismos de mercado al sistema de tratamiento y distribución de agua. Así como un sistema de precios razonable, basado en la escasez y la demanda, hace innecesarias las campañas de sensibilización para el gas o la leche, un paso hacia esa dirección se alcanzaría con el sinceramiento del precio del agua. A veces apelar al bolsillo funciona mejor que apelar al corazón.

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