Editorial: Reloj en contra

Desde el inicio de la cuarentena, el 16 de marzo pasado, se sabía que en algún momento las actividades económicas tenían que volver a operar. La mayoría de familias peruanas y de negocios, es obvio, no tienen la fortaleza económica y los ahorros para dejar de generar ingresos por períodos prolongados.

Llegado hoy el día 49 de la inamovilidad social obligatoria, sin embargo, el Gobierno todavía no tiene claro cómo proceder en este aspecto. Por momentos, de hecho, diera la impresión de ser este un problema que súbitamente ha aparecido sobre el escritorio de los ministros en vez de una preocupación que debió planearse con prioridad desde el primer día.

El presidente Martín Vizcarra anunció recién ayer que el Ejecutivo ha “aprobado un decreto supremo bastante importante. Este se refiere a la reanudación de algunas actividades económicas en este mes de mayo que hemos iniciado”. Hasta el momento en que se escriben estas líneas, el decreto en cuestión aún no era público. El mandatario, además, resaltó que ahora, con el decreto aprobado, se debía comenzar a “desarrollar los protocolos, porque tiene que haber un protocolo de inicio, no es que se aprueba el D.S. (decreto supremo), y se inicia la actividad”. Es decir, un poco más de retraso aún.

En estos trances deliberativos, al Ejecutivo ciertamente no se le puede acusar de haber sido poco dialogante. A finales de abril, emitió la resolución ministerial que creaba el “grupo de trabajo multisectorial para la reanudación de las actividades económicas”, con representantes de tres ministerios, los gobiernos regionales, el Colegio Médico del Perú, el sector privado, los trabajadores, la prensa y la academia (aunque, curiosamente, dejó de lado al Congreso). Y ayer anunció que reunirá al Acuerdo Nacional el próximo martes para discutir sobre las propuestas de reactivación.

La búsqueda de consensos es positiva, pero si ese era el camino por seguir lo cierto es que se pudo haber hecho hace varias semanas, y no esperar a que la economía y las familias llegaran a puntos de quiebre para empezar entonces a discutir sobre cómo volver al trabajo.

No se trata, en lo absoluto, de retomar actividades antes de tiempo. La salud es la prioridad y todos los sectores deben desarrollar protocolos confiables antes de reanudar operaciones. Pero se trata, sí, de tener un plan de retorno claro y oportuno, con hitos identificables, metas medibles y otros principios básicos de gestión. Si no pueden trabajar, las familias y las empresas necesitan, por lo menos, alguna información veraz sobre cuándo podrán hacerlo y en qué condiciones. El Gobierno, hasta ahora, parece compartir solo de manera muy parcial esta urgencia. Mientras tanto, en ausencia de comunicación oficial, mensajes a medias, rumores de personas cercanas al Ejecutivo, documentos filtrados de ministerios y escritos dudosos sobre cómo se llevará a cabo la reapertura económica contribuyen a la incertidumbre y la desinformación.

Cierto, estas son circunstancias inéditas para las que nadie puede haber estado preparado. Se cometerán errores y se aprenderá en el camino –a un altísimo costo, dicho sea de paso–. Pero el Gobierno no puede ni debe improvisar una salida a esta situación económica. Se requiere un planeamiento serio, y eso toma tiempo. Lamentablemente, eso último parece ser justamente lo que se ha venido dilapidando sin justificación en las últimas semanas.

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