Editorial: Remedios tributarios

Cuando se trata de problemas de salud es mejor acudir a un especialista para minimizar el riesgo de obtener un diagnóstico equivocado. Si bien muchos médicos podrían detectar los síntomas que acompañan a una enfermedad pulmonar, la opinión de un neumólogo permitiría sugerir un tratamiento más adecuado. Algo similar sucede con la administración de justicia. Pese a que los jueces del Poder Judicial están capacitados para resolver diversos tipos de litigios, existen jueces especializados que pueden realizar un análisis más acertado en casos específicos y complejos. Un ejemplo son las salas y juzgados especializados en materia tributaria. 

Para atender procesos en que intervenga la Sunat, el Tribunal Fiscal o el Indecopi, el Poder Judicial dispuso en el 2012 la creación de salas y juzgados especializados en temas financieros, contables y tributarios. Esto para disminuir la carga procesal, acortar tiempos y hacer los fallos más predecibles y acertados.

Según Enrique Mendoza, ex presidente del Poder Judicial, las salas y juzgados especializados resuelven controversias por más de S/.12.000 millones, por lo que contar con jueces capacitados para resolver disputas que requieran un dominio de información técnica parece ser una medida acertada. No obstante, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podría decidir en los próximos días eliminar estas instancias, lo que llevaría a que los procesos judiciales que involucren temas tributarios sean resueltos en otros juzgados.

Esta decisión traería consigo dos problemas principales. Por un lado, aumentaría la carga procesal para los jueces que reciban estas demandas. Y, por otro, se dejaría la resolución de litigios tributarios a magistrados que no necesariamente poseen la capacidad técnica ni los conocimientos adecuados para resolverlos.

De hecho, lo que se requiere no es la eliminación de estas salas, sino una reforma que solucione sus limitaciones para que puedan cumplir cabalmente con la función encomendada. En primer lugar, al haber sido creadas mediante transferencias realizadas por la Sunat al Poder Judicial, la independencia de los magistrados está legítimamente cuestionada. Respecto a este problema se ha pronunciado la Cámara de Comercio de Lima, al igual que un gran número de abogados tributaristas, alegando que ello implica un claro conflicto de intereses. Apunta en la misma dirección que la última edición del Índice Global de Competitividad nos coloque en el puesto 124 de 144 países en lo que respecta a “Independencia del Poder Judicial”. 

En segundo lugar, son pocos los procesos tributarios que llegan a ser tratados en salas especializadas. Esto no solo porque para llegar al Poder Judicial deban pasar primero por instancias administrativas (las cuales pueden significar años de contienda), sino además porque el planteamiento de una demanda no impide el cobro de la misma. Es decir, incluso si se llega a demandar en el Poder Judicial, la Sunat puede ejecutar un fallo del Tribunal Fiscal e iniciar acciones de cobranza respecto a una deuda. Por lo tanto, para llevar un caso al Poder Judicial y evitar un embargo, un contribuyente debe primero pagar la deuda, afianzarla u obtener una medida cautelar (un proceso complejo y tedioso).

Asimismo, la posibilidad de eliminar las salas especializadas llega cuando el sistema jurídico para el sector privado parece atravesar por un mal momento. A la propuesta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se suma, además, la iniciativa de algunos congresistas para regular el arbitraje (un sistema utilizado por privados para resolver disputas y reconocido por su celeridad en relación con los procesos judiciales corrientes).

En lugar de limitar las herramientas que podrían ayudar a resolver las diferencias en materia tributaria, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debería ajustar aquellos detalles que impiden un ejercicio independiente y eficaz de la profesión. A fin de cuentas, un fallo tributario mal emitido es similar a un diagnóstico médico equivocado: un error que puede salir más caro que la enfermedad.