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Editorial: Renuentes por decreto

Las justificaciones de Fuerza Popular para su defensa de Pedro Chávarry carecen de credibilidad alguna.

Editorial

Fuerza Popular

La bancada de Fuerza Popular se pronunció para respaldar a su detenida lideresa Keiko Fujimori. (Foto: Congreso de la República)

En los últimos días, la difusión de una serie de conversaciones extraídas del desactivado chat ‘La Botica’, que agrupaba al comité político de Fuerza Popular (FP), ha confirmado ciertas presunciones de las que hasta hace poco solo teníamos indicios. Es el caso del respaldo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que, de acuerdo con lo que indican los mencionados diálogos, emerge de una enfática disposición partidaria, tan importante que mereció que la lideresa de FP, Keiko Fujimori, llamara a sus seguidores a “salir en bloque” a acometerla.

La obediencia a esta directiva ha venido haciéndose más notoria con el transcurrir del tiempo y no se ha limitado a defensas verbales. Como se recuerda, a finales de setiembre el presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el parlamentario fujimorista César Segura, postergó la discusión del informe elaborado por su colega oficialista Juan Sheput –que pedía la remoción de la cabeza del Ministerio Público– bajo la justificación de que se tenía que priorizar las reformas del Ejecutivo. Luego, el 9 de octubre, cuando finalmente se programó la sesión para debatirlo, esta no se produjo por falta de quórum. Al día siguiente, una vez instalada, la mayoría fujimorista votó por archivar la denuncia, decisión que fue ratificada por la Comisión Permanente nuevamente con votos naranjas y del Apra.

En cuanto a actitudes más recientes, es sugerente la manera en la que distintos representantes de FP han respondido ante los numerosos pedidos para que otras tres denuncias constitucionales en contra del fiscal de la Nación sean tramitadas y discutidas con celeridad. Transparente en su desinterés por imprimirle urgencia al asunto, por ejemplo, el presidente de la subcomisión César Segura ha manifestado que esta “no será la de venganzas o fijamientos específicos”, y que “no todo es Chávarry”.

Ello quizá ayude a explicar por qué hace tan solo dos días se frustró de nuevo una sesión de la subcomisión, en la que varios parlamentarios de otras bancadas habían planteado insistir en priorizar el debate de las tres acusaciones pendientes. La suspensión de esta se debió a la ausencia de cuatro de sus miembros –tres de ellos fujimoristas–, y, ante el cuestionamiento de la prensa sobre lo acontecido, Segura se volvió a pronunciar: “Si siguen presionando, más terco me voy a poner”.

Más ambiguos en sus respuestas, pero no por ello menos evasivos, han sido la ex vocera de Fuerza Popular Úrsula Letona y el parlamentario Miguel Torres, quien ahora preside el comité de emergencia encargado de la reconstrucción del partido. Letona, por ejemplo, sostuvo este domingo que FP tiene la obligación de “resolver en función a un expediente”, y, por su lado, Miguel Torres indicó que “si el debido proceso define que Chávarry debe salir”, no habría problema.

Y si bien nadie puede estar en contra de que se respeten derechos fundamentales como aquel del debido proceso, lo que se desprende de la conducta de los integrantes de FP es que la decisión de proteger a Chávarry responde a un interés político más que garantista. Al cumplimiento de un decreto partidario que obliga a ignorar la contundencia de las pruebas en contra del fiscal de la Nación, y que ya se reflejaba en los mencionados chats desde la difusión del primer audio que involucraba a Chávarry con el ahora destituido y apresado juez César Hinostroza. Recordemos, sino, la intervención del congresista Héctor Becerril, quien aseveraba que tenían que “ser fuertes así la prensa los ataque”, y la de su correligionaria Rosa Bartra, quien argüía que se trataba de “un asunto de supervivencia”.

Hay evidencia más que suficiente para haberse percatado a estas alturas que el señor Chávarry no es la persona idónea para liderar una institución tan importante como el Ministerio Público: las mentiras en torno a su relación con Hinostroza, su inclusión en una investigación de la propia fiscalía por crimen organizado, sus amenazas al presidente Vizcarra, la remoción de la fiscal Érika Delgado del equipo encargado del Caso Lava Jato, entre otras. Bien harían los miembros de FP, más aun en medio de un supuesto afán de reconciliación política y reencuentro nacional, en empezar enmendando su actitud ante este caso.

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