Editorial: El rescate de Chinchero

La semana pasada, Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República y titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció en algunos medios de comunicación el esperado acuerdo entre el Estado Peruano y el concesionario del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, Kuntur Wasi, consorcio conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América. Un proyecto que se empezaría a construir recién en enero de este año, pese a que la concesión fuera otorgada en el 2014.

Una de las razones del retraso y que motiva la modificación del contrato original consiste en la controversia con relación a los intereses y costo total que asumiría el Estado por el financiamiento de esta obra. Como se sabe, bajo el esquema de una asociación público privada (APP) y en atención a la oferta ganadora presentada por Kuntur Wasi, una vez que el aeropuerto estuviera construido y entrara en operaciones, le correspondía al Estado retribuir US$265 millones al concesionario más los intereses del financiamiento que obtuviera Kuntur Wasi.

El problema advertido por los funcionarios de este gobierno era que el cálculo del endeudamiento que tenía que reembolsar el Estado se veía fuertemente impactado por la calificación financiera del concesionario (en particular, AIH), la cual venía deteriorándose desde el año 2013 –incluso antes de que se le adjudicara la buena pro del aeropuerto–. Ello repercutía, por consiguiente, en el monto total a pagar por el Estado, el cual, según el MTC, hubiera pasado de US$265 millones a aproximadamente US$800 millones, considerando capital e intereses.

La solución del actual gobierno, entonces, fue la de modificar los términos iniciales. Según el proyecto de adenda publicado por el MTC, y que se firmaría en los próximos días, se cambiaría el cálculo de intereses por una tasa fija, y sería el Estado el que iría desembolsando los US$265 millones a partir del mes 63 posterior al inicio de las obras de construcción (y ya no cuando hubiera empezado el funcionamiento del aeropuerto).

Si bien desde el gobierno se ha justificado esta medida en el ahorro que significaría para el Estado el no tener que pagar alrededor de US$500 millones en intereses, algunos especialistas han advertido que el cambio implica, por un lado, el traslado de cierto riesgo financiero al Estado y a los contribuyentes (pues los pagos se desembolsarían antes de la entrada en funcionamiento del aeropuerto) y, por el otro, la desnaturalización de lo que se suponía era una APP y termina asemejándose más a un contrato de obra pública. De hecho, esta polémica se presentó en el interior del propio organismo regulador, Ositrán, cuyo consejo directivo aprobó en mayoría la adenda propuesta por el MTC, pero cuya presidenta se opuso a la modificación precisamente sobre la base de estas objeciones. Adicionalmente, queda la duda de si, apreciado el costo real del cofinanciamiento para el Estado, las ofertas económicas de otros postores no hubieran sido más convenientes que la que finalmente resultó ganadora.

Lo cierto es que la falta de claridad tanto en el diseño del contrato como en las consideraciones para escoger al postor ganador está pasando ahora factura al Estado (y al bolsillo de los contribuyentes). Como también pasarán factura en la predictibilidad de las inversiones y confianza en el propio sistema de APP los cambios que ahora plantea el gobierno.

El aeropuerto de Chinchero ha sido identificado como uno de los proyectos de infraestructura más importantes por este gobierno, tanto por su impacto reactivador de la economía como por la demanda turística en el Cusco. Habrá que desear que el costo de las imprecisiones de origen y el rescate posterior no terminen por menguar dichas expectativas.