Editorial: Los reyes del show

Primer acto. A poco de terminar el año pasado, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, anunció en una entrevista a RPP que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya tenía los nombres de los implicados en el Caso Odebrecht, en el que se investiga el pago de millonarias coimas a antiguos funcionarios del gobierno.

Pocos días después, sin embargo, y como respuesta a la presión generada sobre la fiscalía para que revele la identidad de los implicados, Sánchez tuvo que aclarar en una conferencia de prensa que, en realidad, él no tenía esos nombres hasta ese momento. Y tampoco nadie más de la fiscalía.

Segundo acto. El congresista Mauricio Mulder alertó que “todos los peruanos le seguimos pagando a Odebrecht en nuestra factura de luz”. Ello en referencia al cargo por “Afianzamiento de la seguridad energética” que efectivamente cobran las empresas eléctricas y que sirve como garantía para el gasoducto sur peruano (GSP), cuyo consorcio constructor cuenta con la participación de Odebrecht como principal accionista. En paralelo, las bancadas aprista y fujimorista presentaron sendos proyectos de ley para dejar sin efecto el cobro, mientras que congresistas de Acción Popular y Alianza por el Progreso anunciaron iniciativas similares.

Lo que no parecen estar tomando en cuenta los legisladores es que el origen del cobro cuestionado –que desde esta página hemos criticado duramente, así como el proyecto del gasoducto en su integridad– no se encuentra únicamente en la ley que lo regula y que se pretende modificar, sino también en el contrato de concesión firmado entre el Consorcio del GSP y el Estado Peruano. Y un contrato –más allá del impacto mediático buscado por los parlamentarios– no se puede modificar por una ley. 

Resulta paradójico, por lo demás, la súbita indignación de congresistas como Mulder, Lourdes Alcorta y Marisol Espinoza, entre otros, por la norma que permitió el referido cobro en los recibos de electricidad, cuando ellos mismos votaron a favor de su aprobación en diciembre del 2012. 

Tercer acto. La congresista de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza sostuvo que, con el fin de recuperar los fondos de los ciudadanos y dejar de subsidiar las ganancias de Odebrecht, deberían congelarse sus cuentas. Por su parte, mediante un oficio, la también parlamentaria Yeni Vilcatoma solicitó el embargo de los bienes y el resto de activos que mantiene la constructora en nuestro país como una medida que garantice el eventual pago de una reparación civil. 

La decisión sobre la oportunidad y el sustento para solicitar tales medidas (que solo pueden ser dictadas por un juez), no obstante, corresponden a la fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción. No al Congreso. Y flaco favor le hacen a la estrategia de los órganos de justicia, la presión política y los destemplados reclamos de los parlamentarios.

Las tres secuencias descritas conforman una obra que lamentablemente ya hemos presenciado antes. En su afán por capturar la atención de las cámaras, nuestros políticos y autoridades nos tienen acostumbrados a improvisadas afirmaciones que aparentan contundencia, pero que en realidad carecen de sustento y terminan siendo contraproducentes.

Cierto es que la corrupción de Odebrecht y demás empresas y funcionarios involucrados en el Caso Lava Jato ameritan los más categóricos repudio y sanciones previstas en la ley. Caiga quien caiga, en el sector público y en el privado y sin importar lo encumbrada de su posición. Pero para llegar a esos resultados, se requiere más prudencia y menos show.