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Editorial: La comisión más transparente

El talante político del manejo de la Comisión Lava Jato se pone una vez más en evidencia.

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La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, declaró a una radio local “nosotros no investigamos campañas. El mandato de la comisión es investigar la corrupción que ha existido por los funcionarios de Gobierno”. (Foto: Congreso)

La atribución de parcialidad a la legisladora Rosa Bartra en el manejo de la Comisión Lava Jato no es reciente. Como se sabe, ella pertenece a la bancada de Fuerza Popular (FP) y, en esa medida, desde el propio Congreso y desde la opinión pública se ha señalado que el trato a Keiko Fujimori y a algunos otros invitados ha sido en el grupo de trabajo bajo su presidencia bastante distinto al dispensado a los representantes de sectores políticos con los que el fujimorismo está enfrentado. Hace poco, además, se sumó a esas objeciones una más, derivada del hecho de que la señora Bartra hubiese intervenido durante el allanamiento dispuesto por la fiscalía de uno de los locales de FP por motivos relacionados con la materia de investigación que ocupa a esa comisión. La congresista, reclamaron quienes se oponían a que continuase a la cabeza de la misma, no podía ser juez y parte en el proceso. 

Salvo por la renuncia de la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) Marisol Espinoza al grupo de trabajo, sin embargo, el hecho de que la demanda no fuera atendida no tuvo en ese momento mayores consecuencias. Pero ahora que, tras la última declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, la posibilidad de que la campaña presidencial del fujimorismo en el 2011 haya recibido dineros de la constructora brasileña ha adquirido mayores visos de verosimilitud, el cuestionamiento ha resurgido. Y con más fuerza. 

Sucede, en efecto, que la afirmación de Barata en el sentido de que, para esa campaña, él entregó 1 millón de dólares a nombre de la empresa brasileña a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya –a la sazón secretario general y secretario de Economía del partido naranja, respectivamente– pone a la presidenta de la Comisión Lava Jato ante un trance difícil, pues su imparcialidad en una eventual indagación sobre el particular estaría obviamente en entredicho. 

Lo más inquietante de este nuevo escenario, no obstante, ha sido la forma en que la señora Bartra ha tratado de alejar de sí cualquier suspicacia sobre la objetividad de su trabajo. “Nosotros no investigamos campañas. El mandato de la comisión es investigar la corrupción que ha existido por los funcionarios de gobierno”, ha dicho. Y también: “Esto está en lavado de activos, nosotros no estamos investigando lavado de activos. Nosotros estamos investigando la corrupción del Estado en la adjudicación de proyectos”. Una definición del encargo de la comisión que efectivamente podría concluirse de lo que decía la moción parlamentaria que la creó. Esto es, investigar “los hechos relacionados a posibles sobornos, coimas o dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones de obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras”. 

Pero entonces surge otro problema. Si esa ha sido siempre la tarea específica de la comisión, ¿por qué convocaron o aceptaron convocar a Keiko Fujimori, que no era funcionaria pública, para que declarase sobre los aportes de campaña el 13 de octubre pasado? Pues, la verdad es que resulta legítimo sospechar que la citación tuvo como objeto permitirle a la líder de FP hacer sus ‘descargos’ públicamente en un momento en que la información al respecto era muy vaga e irradiar una conveniente imagen de transparencia… en un foro que no correspondía. 

De hecho, la otra representante de FP en la comisión, Karina Beteta, ha insistido en una reciente entrevista en que esa invitación a la señora Fujimori obedeció a razones de ‘transparencia’. Lo único que parece ser transparente en ese afán, empero, es el talante político con el que se manejó en esa ocasión –y con el que podría volverse a manejar– ese grupo de trabajo parlamentario. 

Según se ha sabido en los últimos días, ahora la Comisión Lava Jato se dispone a solicitarle al pleno la ampliación de sus facultades para poder investigar, precisamente, los presuntos aportes a campañas mencionados por Barata. Una ocasión perfecta para que la parlamentaria Bartra comprenda que, de acuerdo con su propia argumentación, ella no puede encabezar esa tarea.

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