Editorial:¿Sabe algo, señora Villarán?

No son pocas ni triviales las interrogantes que se ciñen sobre la gestión municipal de Susana Villarán y la relación que ella o su administración tuvo con las empresas brasileñas vinculadas con el Caso Lava Jato.

Este año, denuncias periodísticas dieron cuenta de supuestas coimas de cientos de miles de dólares que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en el año 2014 y que estarían relacionadas con la concesión Rutas de Lima. Las pesquisas por este caso involucran tanto al período de gobierno de Susana Villarán –que firmó el contrato de concesión en el año 2013– como al del actual alcalde Luis Castañeda Lossio –que ganó las elecciones en octubre del 2014 y empezó su tercer mandato en la comuna capitalina en enero del 2015–.

El último domingo, además, el programa “Panorama” difundió partes de un informe de la Contraloría General de la República que dan cuenta de que en los últimos meses del mandato de Villarán, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) habría accedido irregularmente al pedido de OAS –otra compañía brasileña investigada en el Caso Lava Jato– para incrementar las tarifas de peaje del proyecto Línea Amarilla (Vía Parque Rímac durante la administración de Villarán) generándole beneficios por casi US$23 millones.

Los montos adicionales percibidos por OAS y aprobados por la MML se sustentaban en una compensación por los daños generados en la obra vial por “eventos geológicos extraordinarios”, pese a que por su naturaleza (el incremento del caudal del río Rímac) “calificaban como ordinarios y debían ser asumidos por el concesionario”, según la contraloría. Además, según el órgano de control, la constructora brasileña no había culminado “la impermeabilización de la estructura del túnel” ni tampoco “protegió la estructura”, ocasionando que “el túnel ejecutado no reúna la calidad contratada”.

Mientras las explicaciones de la ex alcaldesa de Lima por este proceder aún se esperan, la paciencia del ciudadano limeño está por caducar en lo que se refiere a las aclaraciones también pendientes respecto de las fuentes del financiamiento de su campaña (por el No) en el proceso revocatorio que se le siguió en su contra en el 2013.
En una reciente sesión de la comisión investigadora Lava Jato, la política izquierdista señaló que los ingresos para la campaña en contra de la revocación ascendieron a más de S/1,6 millones. Y luego, cuando se le interrogó por los detalles de las fuentes de financiamiento y la explicación de los importantes gastos que la campaña demandó, las respuestas fueron menos concretas (y menos verosímiles): “Yo no he manejado ni un solo sol de ninguna campaña”, “no he tenido nada que ver en lo personal con gastos, egresos, etc.”, “yo no he estado en la coordinación de esta recaudación”.

Por cierto, no se trataba de la primera vez que la señora Villarán alegaba ignorancia sobre los temas relacionados con el financiamiento de una campaña suya. Cuando postulaba a la reelección municipal en el 2014, y se le preguntó por algunos aportes al partido por el cual candidateaba entonces, manifestó en aquella oportunidad: “Sobre el dinero, no tengo idea del tema”, confirmando así la costumbre de la cómoda ignorancia de la que se han vuelto partidarios muchos de los políticos que hoy enfrentan indagaciones por presuntos orígenes ilícitos de los caudales que habrían terminado en sus campañas electorales.

Al llegar al sillón municipal, la señora Villarán hizo de su distanciamiento con la gestión de Castañeda Lossio prácticamente un emblema. Irónico resulta que, algunos años después, la estrategia del silencio y las evasivas se haya convertido en una coincidencia que lo acerca a su ex contendiente.