El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante actitud del Ejecutivo. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante actitud del Ejecutivo. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
Editorial El Comercio

Hace apenas tres días, la caminata hasta el Congreso del presidente Vizcarra y los ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos (titulares de la PCM y de Justicia, respectivamente) para decir que estos últimos no asistirían a la sesión de la Comisión de Constitución a la que habían sido invitados en esa misma fecha hizo presagiar una nueva tormenta política. O, más bien, el reavivamiento del conflicto que intermitentemente han librado a lo largo de este gobierno el Ejecutivo y un sector mayoritario del Legislativo.

Como se recordará, la no concurrencia de los ministros a la ya mencionada reunión fue presentada por los representantes del gobierno como una reacción al hecho de que en ese grupo de trabajo congresal se hubiese archivado la propuesta para introducir cambios en la inmunidad parlamentaria. “Uno de los proyectos emblemáticos [tanto] para el Ejecutivo como para la población del Perú”, según señaló el mandatario.

Puntualizó además el jefe del Estado que se trataba de un esfuerzo para que esa inmunidad no se convirtiese “en impunidad, que es lo que ocurre actualmente”.

La respuesta de los voceros de diversas bancadas no se hizo esperar. En general, subrayaron que el Parlamento no es una mesa de partes que recibe y tramita las propuestas del Ejecutivo para aprobarlas tal como están, sino un poder del Estado con atribuciones específicas de contrapeso, entre las cuales se cuenta la de cambiar y eventualmente dejar de lado –esto es, archivar– tales propuestas.

Las hostilidades, pues, se habían desatado nuevamente y, en consecuencia, parecía que, una vez más, las reformas (políticas o de cualquier índole) tendrían que esperar otra oportunidad.

Felizmente, sin embargo, transcurridas las primeras horas del encontrón, un mínimo de sensatez dio la impresión de abrirse paso en cada uno de los extremos del conflicto.

Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que el gobierno seguía dispuesto al diálogo y que no pretendía imponer su propuesta, sino debatirla. Y por otro, los legisladores de Fuerza Popular (FP) Luz Salgado y Carlos Tubino anunciaron que se estaba analizando la posibilidad de, después de todo, sí introducir modificaciones a la inmunidad parlamentaria, pero a través del reglamento del Congreso.

El vocero de la bancada fujimorista habló concretamente de cambiar el artículo 16 de ese reglamento para reducir los plazos de los que el Legislativo dispone para resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad y de incorporar la figura del “silencio positivo”, lo que parecería sugerir que, ante la ausencia de una respuesta en los plazos establecidos, el levantamiento se consideraría aprobado.

Mencionó también Tubino, por otro lado, que “si un congresista viene con un proceso judicial pendiente […] no debería tener inmunidad de arresto, mientras que la inmunidad de proceso no la necesita porque ya está siendo procesado”.

Por supuesto, no es lo mismo anunciar vagamente cambios en el reglamento que tiendan a corregir lo que se ha detectado como problemático o susceptible de ser interpretado de manera antojadiza en la inmunidad parlamentaria, que ver efectivamente esos cambios en negro sobre blanco. Como tampoco es lo mismo decir que se está dispuesto a seguir dialogando que sentarse efectivamente a hacerlo. Pero la débil luz para una solución de compromiso parecería distinguirse al final del túnel.

Sería desde luego muy positivo que una salida de esa naturaleza se concretase con respecto a la materia que ha producido este nuevo capítulo del enfrentamiento entre poderes del Estado. Pero debemos ser conscientes al mismo tiempo de que la modificación de la inmunidad no agota la reforma política: una ilusión óptica que quizás la excesiva pasión con la que las dos partes han librado esta batalla ha contribuido a generar en la ciudadanía.

Salvado este bache, el debate sobre la reforma –que gira alrededor de doce propuestas del Ejecutivo– debe continuar, pues de lo contrario estaremos ante la triste evidencia de que aquí lo que importaba para los contendientes era el enfrentamiento en sí mismo y no la voluntad de mejorar las cosas para todos los peruanos.