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Editorial: Tres preguntas, tres informes y ninguna respuesta

Las interrogantes pendientes del Caso López Meneses en manos del Ministerio Público.

Editorial: Tres preguntas, tres informes y ninguna respuesta

Editorial: Tres preguntas, tres informes y ninguna respuesta

Casi dos años después de haber saltado a la luz, el Caso López Meneses llegó esta semana –bajo la forma de tres informes elaborados por distintos integrantes de la comisión que lo investigó– al pleno del Congreso.

De ellos, solo el informe en mayoría –vale decir, el suscrito por los legisladores Juan Díaz Dios, Cecilia Tait y Javier Velásquez Quesquén– fue aprobado la noche del jueves y será enviado, junto con las recomendaciones que derivan de él, al Ministerio Público. Pero, a decir verdad, ninguno de los tres aporta respuestas definitivas a las tres preguntas centrales que el escándalo del ilegal resguardo policial a la casa del ex operador montesinista plantea. A saber, ¿quién dio la orden inicial para que se proveyese la vigilancia?, ¿qué se buscaba proteger con ese aparatoso despliegue de seguridad? y, finalmente, ¿qué ofrecía López Meneses como retribución por el servicio?

El que más lejos llega en la exploración de alguna de esas interrogantes es el informe aprobado por el pleno, que concluye que hay indicios razonables de que fue el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte quien, en mayo del 2013, habría ordenado al entonces director general de la PNP, Raúl Salazar, dar el resguardo. Y que luego él, a su vez, transmitió la orden al general de la VII región policial, Aldo Miranda Soria.

La incorporación de Villafuerte en la cadena de mando de la referida orden roza, ciertamente, Palacio de Gobierno, por la conocida cercanía de ese asesor al presidente Humala. Pero como Díaz Dios manifestó durante el debate: “No se puede determinar [si existió una autoridad] más arriba, porque el presidente Humala tiene inmunidad [y], además, no quiso colaborar con nosotros”.

Como se recordará, el mandatario no aceptó efectivamente declarar ante la comisión (que estaba dispuesta a acudir a su despacho), pese a que en su momento había recibido de manera poco protocolar al primer presidente de ese grupo de trabajo parlamentario, Víctor Andrés García Belaunde. García Belaunde, como se sabe, tuvo que renunciar a la comisión –y, lógicamente, a su cargo dentro de ella– por haberse reunido con Humala sin siquiera notificar previamente al resto de miembros de la misma. 

La declaración del jefe del Estado, cabe suponer, habría resultado muy útil a la investigación, habida cuenta, sobre todo, de su tempranísimo diagnóstico de que el problema se había reducido a un caso de “corrupción policial”. Una lectura que varios hechos –como que Villafuerte y el almirante José Cueto Aservi, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tuvieran que dejar sus cargos– parecen contradecir. 

Por otra parte, en lo que concierne a la incógnita sobre lo que la indebida vigilancia buscaba proteger, las hipótesis de los informes son aun más vagas, y giran en torno a sospechas sobre las pasadas actividades de López Meneses o sobre lobbies facilitados por sus influencias en las Fuerzas Armadas. Y respecto de la forma en que el ex operador montesinista podría haber retribuido el favor, no se dice nada.

Lo cierto es que el pasado nerviosismo del oficialismo a propósito de esta investigación –que se manifestó en la resistencia que puso originalmente a la formación de esta comisión y en las trabas que colocó a su funcionamiento una vez que estuvo instalada– parece ahora haber amainado. No se sabe si porque tiene problemas más urgentes que atender o porque los resultados de los distintos informes han sido poco concluyentes.

En cualquier caso, es sintomático que Wilfredo Pedraza, el ministro del Interior que tuvo que renunciar cuando se produjo el escándalo y ahora se desempeña como asesor presidencial en temas de seguridad, se haya permitido decir en estos días que [la comisión] “Díaz Dios parió un ratón”.

Así las cosas, las esperanzas de ver resueltas las tres interrogantes medulares de este caso están cifradas ya solo en el Ministerio Público, una institución que cuenta con funcionarios que en los últimos tiempos han dado más de una muestra de independencia frente al poder político; y que ojalá en esta ocasión den también la talla para impedir que un turbio asunto con ramificaciones tan delicadas se diluya como tantas otras veces en nuestro país en la bruma de la impunidad.

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