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Editorial: Trump-fiction

El veto del presidente estadounidense contra migrantes de siete países musulmanes se sustenta solo en prejuicios.

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Cuando Donald Trump todavía era un competidor por la nominación del Partido Republicano en diciembre del 2015, el magnate hizo referencia por primera vez a la posibilidad de clausurar de forma “total y completa” el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Se trataba de una reacción con ánimos electorales al ataque terrorista en San Bernardino, que la semana previa había ocasionado la muerte de 14 personas y una ola de estupor en la población estadounidense.

Lo que entonces parecía nada más que un ejercicio histriónico para intentar capturar votos, sin embargo, se convirtió en una política estatal la semana pasada. El último viernes, bajo la sentencia: “No los queremos aquí”, proferida en un evento público en el Pentágono, Donald Trump firmó un polémico decreto para negar por 120 días el ingreso a EE.UU. de cualquier refugiado, y por 90 días el de cualquier viajero proveniente de Siria, Iraq, Libia, Irán, Yemen, Sudán y Somalia –países todos predominantemente musulmanes– con el pretexto de “mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de los Estados Unidos”.

La decisión del presidente norteamericano provocó la inmediata detención de casi 200 personas –según denunció la organización de derechos civiles ACLU– que permanecieron recluidas en distintos aeropuertos del país bajo amenaza de ser deportadas. Ante ello, miles de ciudadanos, incluidos políticos, empresarios, los fiscales generales de 16 estados y líderes de otros países expresaron su rechazo a la orden ejecutiva, que catalogaron, con acierto, como islamófoba e inútil.

Lo primero, porque el imperativo de Trump discrimina específicamente a una minoría por su lugar de procedencia relacionada con una religión particular. Como si profesar el islam conllevara el riesgo inherente de ser o convertirse en yihadista y, por lo tanto, se justificara generalizar la restricción a miles de migrantes, muchos de los cuales tienen familia en Estados Unidos o viajan allá con el solo propósito de estudiar una carrera o desempeñar un oficio. Esto luego de superar los ya bastante estrictos controles migratorios previos a la obtención de una visa de ingreso al país norteamericano.

Y lo segundo, porque es ciertamente difícil pensar que un decreto así pueda garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, más aun cuando ninguno de los ataques que sufrió EE.UU. luego de los atentados de setiembre del 2001 fue perpetrado por ciudadanos provenientes de los países a los que se les aplica la prohibición.

Así, por ejemplo, el tiroteo ya mencionado de San Bernardino tuvo como autores al estadounidense Syed Rizwan Farook y a su esposa pakistaní Tashfeen Malik, quien contaba con residencia permanente en el país norteamericano. De igual forma, los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev, que provocaron la muerte de tres personas e hirieron a otras 264 durante la maratón de Boston en el 2013, nacieron en Kirguistán pero vivieron y crecieron en EE.UU. desde niños. Omar Mateen, el radical que disparó contra más de 100 personas en una discoteca gay de Orlando, y Nidal Hasan, condenado a muerte por el asesinato de 13 soldados en Fort Hood en el 2009, eran también estadounidenses.

Las estadísticas tampoco avalan a Trump. Según un análisis del Cato Institute, ningún refugiado en EE.UU. ha estado implicado en un atentado terrorista desde que se implementó la Ley de Refugio en 1980, mientras que datos del Heritage Foundation indican que el 67% de los detenidos en EE.UU. por cargos de yihadismo no provienen de familias musulmanas.

En realidad, entonces, creer que prohibir la entrada a todos aquellos que provengan de países musulmanes es una forma efectiva de lucha contra el terrorismo yihadista no tiene correlato alguno con la realidad y solo se sustenta en los prejuicios del señor Trump. Los mismos que lo llevan a convencerse de que la inmigración mexicana o los tratados de libre comercio han dañado la economía estadounidense, o que el calentamiento global es un ardid de China para frenar la productividad de las empresas norteamericanas.

Lamentablemente, las consecuencias de las invenciones de Trump para las personas que las padecen no son nada ficticias. 

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