"Será inevitable que los ciudadanos recuerden aquello que el ex primer ministro pretendió representar y cuánto parece haberlos defraudado". (Foto: Giancalo Ávila)
"Será inevitable que los ciudadanos recuerden aquello que el ex primer ministro pretendió representar y cuánto parece haberlos defraudado". (Foto: Giancalo Ávila)
Editorial El Comercio

El martes, el ex primer ministro fue detenido de manera preliminar por siete días por supuestamente haber instigado el delito de tráfico de influencias con el objetivo de interferir en las investigaciones que se le siguen por el Caso Lava Jato. La misma suerte la corrieron el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, como presunto autor del crimen; el fiscal adjunto Ronald Chafloque y el empresario José Santisteban Zurita, estos últimos como cómplices primarios.

Como se sabe, la fiscalía viene indagando en los vínculos de Villanueva con el Caso Lava Jato. En concreto, a partir de las revelaciones de Jorge Barata, al extitular del Consejo de Ministros se le imputa haber recibido US$ 60 mil en sobornos de la empresa Odebrecht para asegurar la buena pro del proyecto de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa cuando este era presidente regional de San Martín. Incluso la constructora le asignó el ‘codinome’ ‘Curriculum Vita’ en las planillas de su División de Operaciones Estructuradas, en las que además se da cuenta de que habría recibido un total de US$ 320 mil.

Según detalla la resolución del juez Hugo Núñez, quien ordenó la detención del martes a pedido del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, Villanueva habría procurado la ayuda de Rossel Alvarado, “atendiendo a su condición de fiscal superior titular”, para que influya en la referida investigación. Este, al no poder representarlo oficialmente por el cargo que ostenta, habría utilizado a su hijo Alberto Rossel Obando para que asuma la defensa y, así, a través de él, poder ejercer una “defensa legal fáctica” del miembro del Congreso disuelto. Desde ese rol, Rossel Alvarado habría contactado a Chafloque por el vínculo laboral que alguna vez tuvo con Alexander Taboada Guardián, quien hasta el martes formaba parte del despacho del fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato…

No cabe duda de que la sospecha de haber cometido el delito de tráfico de influencias resulta indignante por sí sola. Sin embargo, cuando el imputado es una persona como César Villanueva, que cumplió un rol central en el gobierno de Martín Vizcarra, las circunstancias cobran un tono especialmente lamentable, por las causas que esta administración asumió como propias y que el político que nos ocupa defendió con ahínco durante su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra, quien asumió el cargo en medio de un tormenta de revelaciones sobre casos de corrupción, ha hecho de la lucha contra esta lacra uno de los ejes principales de su gestión. Ello ha significado el apoyo del Gobierno a las decisiones del equipo especial Lava Jato y el liderazgo en la reforma del sistema de justicia tras conocerse los crímenes que se fraguaron en el otrora Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). A propósito de todo esto, cuando era primer ministro, el señor Villanueva dijo acertadamente en mayo del 2018 que “la corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino, fundamentalmente, la esperanza en nuestro futuro”.

A la luz de los últimos acontecimientos, empero, las acciones del expresidente regional de San Martín habrían contradicho con creces su discurso y las intenciones del Ejecutivo. En primer lugar, es claro que la pretendida interferencia en el curso de las investigaciones del Caso Lava Jato hubiese amenazado los avances de uno de los equipos de trabajo que más ha hecho para enfrentar la corrupción en el país y que ha demostrado operar sin sesgarse por banderas políticas. Manipulaciones de este tipo podrían haber mellado la credibilidad de todo el grupo en su conjunto.

Asimismo, la idea de valerse de las influencias que uno puede tener al interior de instituciones del Estado para hacerse de algunos beneficios se asemeja mucho a lo que hacían algunos miembros del extinto CNM para favorecer a sus ‘hermanitos’. Que el señor Villanueva haya pretendido obtener ventajas con este tipo de prácticas hace fácilmente cuestionable la convicción con la que impulsó la reforma del sistema de justicia junto con el presidente.

Así las cosas, solo queda esperar que las autoridades definan la suerte de César Villanueva. Mientras tanto, será inevitable que los ciudadanos recuerden aquello que el ex primer ministro pretendió representar y cuánto parece haberlos defraudado.

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