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Editorial: Vaya valla

El proyecto de reforma electoral del Ejecutivo combina aciertos con algunas inconsistencias.

Redacción

Editorial: Vaya valla

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El último miércoles, a pocos días de que el grupo de trabajo para la reforma electoral del Congreso de la República presente su informe final, el Ejecutivo exhibió un proyecto de ley independiente “para asegurar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y su fortalecimiento institucional”.

La iniciativa ha sido objeto de comprensibles críticas por la oportunidad de su presentación y el mensaje político que supone que el Ejecutivo introduzca un proyecto propio en lugar de presentar sus contribuciones al grupo de trabajo parlamentario –que contaba con la participación de representantes de todas las bancadas legislativas, incluyendo la de Peruanos por el Kambio– que ya estaba encaminado en el mismo esfuerzo hace varios meses.

Más allá de estos comentarios, sin embargo, la propuesta del Ejecutivo contiene una serie de aspectos positivos que merecen la pena destacar, la mayoría de los cuales tienen como característica común la vocación por la transparencia. 

Así, por ejemplo, se plantea que la sola inscripción de una persona como candidata en un proceso electoral habilite el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Esta información, sugiere el proyecto, podrá ser revisada por la Unidad de Inteligencia Financiera y esta, a su vez, estará habilitada para compartir lo que considere conveniente con el Jurado Nacional de Elecciones. En el mismo sentido, se propone también que cada candidato deba presentar en su hoja de vida información económica adicional a la hoy exigible. En concreto, la relación de los bienes muebles e inmuebles inscribibles de los que se es propietario, el monto de los impuestos pagados en los últimos cinco años y las fuentes y montos de los ingresos percibidos en el mismo período, así como la participación como accionista en cualquier empresa privada.

Se trata de exigencias que si bien restringen la privacidad de los candidatos, resultan razonables tratándose de los aspirantes a ocupar los cargos públicos más importantes de la nación. Más aun si se considera lo peligroso –y costoso– que puede resultar la falta de transparencia para el proceso democrático. Prueba de ello son los casos en los que tuvo que ser la prensa la que alertara sobre aparentes irregularidades en el financiamiento de  campañas políticas, como el reciente caso de los aportes al Partido Nacionalista (incluyendo los US$3 millones con los que habría contribuido Odebrecht), o más claramente, cuando autoridades elegidas terminaron siendo desaforadas al descubrirse irregularidades en sus finanzas personales, como ocurrió con los congresistas Michael Urtecho o José ‘Comepollo’ Anaya.

Que los políticos sepan de antemano que si pretenden ser candidatos a algún cargo importante deberán someterse a altos estándares de transparencia funcionaría como un disuasivo para alejar de estos puestos a quienes tengan cosas que ocultar.

Por otro lado, no obstante, llama poderosamente la atención la inconsistencia que muestra el proyecto en lo que refiere al fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas. Así, por ejemplo, la iniciativa incorpora exigencias a los partidos de participar en todas las elecciones generales y en un porcentaje mínimo de elecciones regionales, bajo riesgo de perder su inscripción, además de extender la misma pena para varios otros incumplimientos relacionados con las reglas de financiamiento. Al mismo tiempo, sin embargo, se reduce drásticamente el número de firmas exigible para la inscripción de un partido político –de 4% a 1% del total de inscritos en último padrón electoral–, lo cual daría pie a que en cada elección sigan apareciendo organizaciones nuevas y sin experiencia, como ha venido ocurriendo en los últimos procesos electorales. La proliferación de partidos y la improvisación política podrá favorecer a algunos prematuros aventureros de cara a los próximos comicios pero difícilmente al sistema de partidos.

Habrá que esperar, pues, que, frente al trabajo de reforma ya emprendido por el Parlamento, el Ejecutivo sepa sustentar y priorizar los aspectos más importantes y desechar aquellos que le restan solidez a su intento por mejorar la valla de nuestra clase política.

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