Editorial: El vicio negro

La historia nacional e internacional demuestra que la tentación de los gobiernos de jugar a ser empresarios con el dinero de los contribuyentes es uno de los vicios más difíciles de erradicar de la administración pública. Y este vicio se hace especialmente adictivo cuando la sustancia a producir es petróleo.

Por eso vale la pena reconocer la reciente decisión del gobierno para limitar el ingreso de la estatal Petro-Perú en la explotación de crudo. Como se sabe, la semana pasada el Ministerio de Energía y Minas (Minem) objetó la validez del contrato suscrito entre Petro-Perú y Graña y Montero (GyM) para producir petróleo y gas en los lotes III y IV (Talara). Así, la Dirección General de Hidrocarburos habría devuelto a la empresa estatal los expedientes de ambos lotes aduciendo que estos “fallan en sustentar que la participación de Petro-Perú no colisionará con la Ley 30130”.

Esta norma, promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y referida a la modernización de la refinería de Talara, establece en su artículo 6 candados a las adicciones hidrocarburíferas del Estado a través de Petro-Perú. En este caso, la empresa no habría demostrado adecuadamente ante Perú-Petro –entidad a cargo de la concesión de los lotes de petróleo– que la explotación de los lotes III y IV no distraerán los esfuerzos de la compañía pública en la remodelación de su refinería en Talara.

Y si bien la historia de los lotes III y IV puede no tener un final feliz (para los contribuyentes), ya que el ingreso de Petro-Perú a estos no se ha cancelado, el aparente interés de la actual administración en detener por completo la participación de la empresa pública en el lote 192 (antes 1AB) y, ojalá también, en el lote 64 (Loreto) sí que sería una buena noticia. Los grandes montos de inversión necesarios para explotar exceden las capacidades financieras de Petro-Perú, en tanto que los pasivos ambientales también limitarían su incursión en el lote 192.

Aun así, aunque por el momento Petro-Perú no haya podido ganar acceso total a su adicción favorita y también la más nociva –la exploración y la explotación petrolera–, no está de más recordar que la entidad aún mantiene vigente el plan de modernización de su refinería en Talara, el cual costaría a los contribuyentes más de US$3.500 millones; equivalente a 11 veces el presupuesto del año pasado para el programa Juntos y 38 veces el presupuesto del programa nacional Cuna Más.

La prueba ácida para determinar la conveniencia de este plan de modernización es la siguiente: si la remodelación de la refinería de Talara es una opción productiva y eficiente, ¿no debería el sector privado ser el primer interesado en invertir esa cantidad de dinero? Es poco razonable suponer que –en el ámbito empresarial– una inversión que no sería rentable para una firma privada sí lo sea cuando quien la ejecuta es el sector público.

El asunto de fondo es que, cuando el Estado desea regresar a sus viejos vicios empresariales, lo hace arriesgando el dinero de los contribuyentes. Así, a diferencia del empresario privado que tiene su propio patrimonio en juego en cada iniciativa de negocio y, por tanto, los mejores incentivos para invertir bien su limitado capital, en el Estado el dinero es de “todos y de nadie”: el burócrata que pierde recursos públicos en un negocio estatal fallido vuelve al final del día a su casa con el mismo patrimonio que el día anterior. ¿O acaso serían muchas las empresas privadas con el bajo nivel de rentabilidad de Petro-Perú las que se animarían a gastar un millón de soles para usar la imagen de Paolo Guerrero en su campaña publicitaria y S/.20.000 en masajes antiestrés para sus ejecutivos, como hizo la entidad estatal durante el 2014?

Como señaló antes este Diario, fue un error suspender la privatización de Petro-Perú en la década de 1990, pues la empresa no tiene más razones para existir que las ideológicas. En cualquier caso, si no queda más remedio y el Perú tiene que seguir cargando con ella, debería cuando menos acelerarse una reestructuración técnica y creíble de la institución para luego entrar a la bolsa de valores. Ese será el primer paso en la terapia de rehabilitación.