Editorial: Un viejo anhelo

A poco más de una semana de cumplirse los 25 años del golpe del 5 de abril, varios miembros de la bancada de Fuerza Popular han presentado un proyecto de ley que evoca la impronta dictatorial de ese negro capítulo de la historia del fujimorismo, en lo que concierne a su relación con la prensa.

Como se recuerda, el mismo día del golpe, además de cerrar el Congreso y tomar el control del Poder Judicial y el Ministerio Público, el gobierno encabezado por Alberto Fujimori envió soldados a las redacciones de los principales medios periodísticos para controlar la información que estos pudieran querer divulgar sobre el hecho e intimidar a los periodistas y directores que tuvieran ánimos de denunciar el atropello a la Constitución que acababa de ocurrir.

La circunstancia de que esa situación durase pocos días no cambia el juicio histórico que pesa sobre ella; máxime si recordamos que, en los años siguientes, lo que no pudieron sostener por la vía de los fusiles, lo consiguieron con la compra de las líneas informativas y editoriales de muchos medios, gracias a los fajos de billetes entregados por Vladimiro Montesinos en la siniestra salita del SIN.

Pues bien, el proyecto de ley que comentamos ahora se parece a lo anterior en la medida en que busca también una prensa controlada. Si bien sus promotoras son las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo –nuevas en el conglomerado naranja pero, como se ve, cultoras de un fujimorismo vintage–, el documento lleva también las firmas de los congresistas Héctor Becerril, Rolando Reátegui y Luis Galarreta, entre otros, por lo que no cabría hablar de una iniciativa aislada o personal. Como tampoco haría falta escarbar mucho para identificar a las fuerzas interesadas que han encontrado cobijo en la inicativa fujimorista y que pueden estar detrás de ella.

Cuestión aparte es el nombre elegido para la norma: ‘Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población’. Un eufemismo desinformativo que trae a la memoria el universo de George Orwell en su novela “1984”, donde una sociedad futurista es sistemáticamente engañada por una institución autodenominada ‘el Ministerio de la Verdad’.

El proyecto, en efecto, procura lograr exactamente lo contrario a lo que su nombre anuncia al postular que los condenados o investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser directores, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio, así como la creación de una ‘veeduría ciudadana’ que garantice el derecho “a la información neutral, objetiva y desinteresada”, y regulada por el Ministerio de Transportes. Es decir, crea dos caminos para que el poder político establecido pueda sacar de en medio a los periodistas que lo incomodan: la mera denuncia que se traduzca en una investigación de la fiscalía y la intervención directa del ya mencionado ministerio.

Felizmente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se ha apresurado a rechazar la iniciativa a través de un comunicado divulgado el último viernes, precisamente por las razones ya expuestas. Y su presidente, Matt Sanders, la ha considerado ‘alarmante’ porque constituiría “un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse, señale y procese a un periodista o al director de un medio con la intención de silenciarlo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la institución, Roberto Rock, ha  recordado que los planteamientos de la norma son los mismos que los utilizados en su momento por Hugo Chávez o Rafael Correa para legitimar la censura oficial en Venezuela y Ecuador.

Ambos, además, han expresado su confianza en que el Congreso peruano no trate el proyecto por considerar que “se estaría regresando a épocas oscuras del Perú en las que la libertad de prensa estuvo secuestrada por el gobierno de Alberto Fujimori”.         

Todo un desafío para la bancada de Fuerza Popular en el Legislativo, que no solamente es, con largueza, la mayoritaria, sino también el punto de origen de la deletérea iniciativa. Pero en la que, al mismo tiempo, han de existir seguramente voces que se opongan al atropello y quieran acabar con la sombra autoritaria que el fujimorismo arrastra desde hace 25 años.

Mientras tanto, sin embargo, a las otras fuerzas políticas, a la prensa independiente y a la ciudadanía preocupada por la vigencia de las libertades públicas y el Estado de derecho en el país les corresponde permanecer alertas frente al atentado en ciernes.